Por Juan Manuel Cambrón Soria

Una virtud extremadamente escasa en política es la congruencia. Suele resultar relativamente sencillo defender principios cuando éstos coinciden con nuestros intereses; lo verdaderamente difícil es sostenerlos cuando se está contra corriente, cuando se tiene que votar distinto a la mayoría o cuando supone reconocer que, aun desde la oposición, el adversario puede tener razón.

En octubre de 2023, siendo diputado local, me tocó protagonizar uno de esos momentos complicados; la mayoría del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 67 de la Constitución Política de Tlaxcala para modificar los requisitos necesarios para ocupar la Secretaría de Gobierno. Entre otras cosas, se eliminó la exigencia de ser ciudadano tlaxcalteca y se redujo el requisito de residencia efectiva en el estado.  La reforma fue aprobada por una aplastante mayoría, pero con mi voto en contra.

En ese momento advertí que no estábamos hablando de cualquier cargo dentro de la administración pública, por el contrario, la Secretaría de Gobierno constituye, por su naturaleza y atribuciones, una de las posiciones de mayor responsabilidad política del estado, ya que su titular conduce la política interior, mantiene relación con los poderes, municipios y actores sociales y, bajo determinados supuestos constitucionales, puede incluso asumir temporalmente funciones al frente del Ejecutivo.  Desde ese ángulo sostuve que no era un exceso exigir un vínculo de pertenencia y conocimiento profundo de Tlaxcala para ocupar esa responsabilidad.

No se trataba —ni se trata ahora— de sostener que una persona vale más o menos dependiendo del lugar donde nació. Mucho menos de alimentar un absurdo sentimiento de rechazo hacia quienes vienen de fuera. Tlaxcala se ha enriquecido históricamente con quienes han llegado, han hecho aquí su vida y han contribuido al desarrollo de nuestra comunidad.

Mi posición partía de entender que hay altas responsabilidades públicas, como la de gobernador, legislador o integrante de determinados órganos del Estado que requieren requisitos constitucionales específicos, así como un vínculo especial con la comunidad política a la que se pretende representar o gobernar. Aquella reforma tuvo además una consecuencia política prácticamente inmediata: pocos días después el morelense y recién avecindado Luis Antonio Ramírez Hernández fue designado secretario de Gobierno.

El lorenismo defendió entonces la modificación constitucional con entusiasmo. Los requisitos de pertenencia les parecían anticuados, innecesarios y hasta discriminatorios. La residencia, el arraigo y el conocimiento de la realidad política y social de Tlaxcala dejaron súbitamente de ser importantes.

Pero, tres años después, la historia nos ofrece una paradoja extraordinaria. El Congreso de Tlaxcala acaba de respaldar una reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, cuyo propósito es establecer que quienes aspiren a determinadas responsabilidades públicas cuenten únicamente con nacionalidad mexicana, y renuncien a cualquier otra.  La diputada del PRD Laura Flores Lozano votó a favor, y lo hizo correctamente.

Primero porque ser oposición no significa votar sistemáticamente contra todo aquello que provenga del gobierno o de su mayoría legislativa; una oposición responsable analiza cada iniciativa por sus méritos, por sus consecuencias y por los principios que están detrás de ella. Y segundo y más importante, en el PRD consideramos razonable que para determinadas responsabilidades del Estado mexicano exista un vínculo jurídico inequívoco con el país, no porque una persona con doble nacionalidad sea menos mexicana, menos capaz u honorable, sino porque existen cargos cuya naturaleza permite establecer requisitos particulares derivados de la responsabilidad que implican.

Y es justamente aquí donde aparece la enorme hipocresía del lorenismo. Resulta inevitable cuestionarles ¿qué cambió entre 2023 y 2026? ¿por qué el vínculo de pertenencia es importante cuando Morena lo propone desde el poder federal, pero resultaba irrelevante cuando estorbaba para designar al secretario de Gobierno de Tlaxcala?

Cuando necesitaban abrir la puerta de la Secretaría de Gobierno, hablar de identidad y pertenencia parecía discriminatorio. Hoy que necesitan acompañar una reforma impulsada por su movimiento político, esos mismos conceptos adquieren categoría de principios fundamentales.

Toda proporción guardada, el fondo de ambas discusiones comparte una línea argumentativa, la cuestión de si es legítimo establecer requisitos especiales de pertenencia para ocupar determinadas responsabilidades públicas. Nosotros hemos respondido lo mismo ayer y hoy: sí.

En 2023 defendimos que quien ocupara una de las responsabilidades políticas más importantes de Tlaxcala tuviera un vínculo real con nuestro estado. En 2026 respaldamos que quienes ejerzan determinadas responsabilidades fundamentales del Estado mexicano mantengan un vínculo jurídico exclusivo con nuestra nación.

Nosotros no modificamos nuestros principios dependiendo de quién presenta la iniciativa.  Esa es precisamente la diferencia.

En política como en la vida misma, se vale cambiar de opinión. Incluso puede ser una virtud cuando existen argumentos, nuevas circunstancias o evidencia suficiente para hacerlo. Lo que no se vale es disfrazar la conveniencia de principio y después modificar el principio cuando cambia la conveniencia.  Ser congruente no significa que votemos siempre contra Morena, consiste en defender los mismos principios, incluso cuando Morena, por alguna vez, coincide con ellos.

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