Por Juan Manuel Cambrón Soria

A los gobiernos les fascina recibir aplausos, pero la mofa social los carcome. La prueba del ácido para cualquier gobernante, respecto de su verdadero talante democrático, llega cuando observamos sus reacciones ante las risas a su costa. En México existe una verdadera tradición respecto a la caricatura política como género periodístico; personajes destacadísimos como Rius, Helio Flores, Magú, Helguera o Paco Claderón, han logrado durante generaciones lo que ningún informe oficial puede conseguir: condensar en una imagen la contradicción, el abuso o el ridículo del poder.

En los tiempos actuales, buena parte de esa tarea ocurre en un teléfono y se llama meme. Por eso vale la pena mirar con cuidado las propuestas legislativas que han recibido el apodo de “ley antimeme”. Son distintas entre sí y ninguna ha convertido en delito, hasta ahora, reírse del gobierno; afirmarlo sería regalarle al oficialismo una salida fácil, la de desmentir, decir que es una exageración y dejar sin respuesta la preocupación de fondo.

Pero vayamos por partes. Primero, la reforma que avanzó la semana anterior en comisiones del Senado busca castigar el uso de la identidad gráfica de instituciones públicas para engañar y cometer un ilícito. Su redacción fue modificada después de que legisladores advirtieran que podía afectar la parodia, particularmente porque parecía una reacción de molestia ante el programa de sátira llamado “La Casa de los Mafiosos” que se ha viralizado en redes sociales. El texto como quedó finalmente exige que no se use la imagen del gobierno, es decir, si alguien monta una página falsa de una dependencia para defraudar ciudadanos, debe responder ante la ley.  Sin embargo, si el propósito es perseguir al impostor, ¿por qué no dejar igualmente claro que una caricatura, una parodia o una investigación periodística están protegidas? Más aún, si se está hablando de penas que conllevan prisión, sería valioso clarificar que la libertad de expresión no debe depender de la interpretación de una autoridad.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se discute, por separado, otra reforma sobre derechos de autor y responsabilidades de los proveedores de internet. Hay que aclarar que tampoco contiene una prohibición general de los memes, pero su riesgo es otro: que, frente a reclamaciones y posibles sanciones, resulte más sencillo retirar un contenido que no le guste al gobierno, antes que examinar si se trata de una crítica legítima.

A todo esto, hay que agregar que existe un antecedente como tercer elemento que ayuda a entender la preocupación, ya que el año pasado, un diputado federal de Morena propuso castigar con prisión contenidos digitales hechos o editados con inteligencia artificial para “ridiculizar” a una persona, con una pena agravada si se trataba de un servidor público. Tras las críticas, anunció que modificaría su iniciativa; no obstante, el episodio dejó una inquietud latente, basada en el temor de los funcionarios del régimen a ser ridiculizados.

El cuarto elemento del rompecabezas es la propuesta de conformar una comisión legislativa para investigar bots e injerencia digital rumbo a 2027. Es legítimo seguir el dinero y descubrir operaciones coordinadas que intenten alterar una elección, lo que sería inadmisible es usar esa tarea para poner bajo sospecha a ciudadanos, periodistas o adversarios porque sus publicaciones incomodan al partido gobernante.

Siendo justos, no ignoro que existen el acoso digital, la suplantación de identidad, los fraudes y la manipulación de imágenes; es un hecho también la exigencia de que quienes son víctimas necesitan protección y los responsables castigos ejemplares, pero la incomodidad de un político ante una burla no puede confundirse con un daño que justifique la intervención penal.

Quienes hoy ocupan el poder saben bien cuánto puede decir una imagen, tan es así, que durante años hicieron de la crítica en redes parte de su modus operandi, que les sirvió para exhibir excesos de otros gobiernos; pero parece que esa libertad ya nos les gusta cuando los destinatarios de la burla ahora son ellos al estar al frente de las instituciones del estado.

Con todos las piezas en la mesa, vale la pena fijar una exigencia puntual y clara, tanto al Congreso federal como a las intentonas que pudieran surgir en las legislaturas locales: es importante impulsar medidas que combatan delitos reales en el ámbito de la redes, el mundo digital y el internet; pero absténganse de constreñir la libertad de expresión, aléjense de la tentación autoritaria de acallar voces críticas y dejen asentado con precisión salvaguardas expresas para la sátira, la parodia, el periodismo de investigación y a las opiniones independientes.

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