Informó que la evaluación continúa pendiente y podría conocerse en los próximos meses; también habló de violencia, desarme y demandas del sector campesino.

Por Stephany Rodríguez

El secretario de Gobierno del Estado, Luis Antonio Ramírez Hernández, atribuyó a modificaciones realizadas por el Gobierno federal en 2024 el retraso en la evaluación correspondiente al sexto informe de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala.

Durante una entrevista colectiva, el funcionario explicó que este mecanismo se procesa de manera periódica y que, desde el inicio de la actual administración estatal, se han presentado los informes correspondientes.

Sin embargo, señaló que la modificación de las reglas de operación del mecanismo generó un retraso en la integración de los grupos de análisis encargados de revisar y validar los resultados.

“Cambió las reglas operacionales de este mecanismo y esto generó un retraso en el mecanismo de integración de los grupos de análisis”, explicó.

Ramírez Hernández estimó que en los próximos meses podrían darse a conocer los resultados de la evaluación y posteriormente entregarse el último informe correspondiente.

El secretario sostuvo que el objetivo es que las acciones emprendidas a partir de la alerta no se limiten al mecanismo de evaluación, sino que puedan convertirse en políticas públicas permanentes.

Añadió que durante los últimos meses de la administración se buscará que algunas de estas acciones queden incorporadas incluso en la legislación, con el propósito de fortalecer las medidas de prevención, atención, reparación y sanción frente a la violencia contra las mujeres.

Fiscalía reporta avances por hechos violentos

En otro tema, el secretario de Gobierno informó que durante la mesa de seguridad se revisaron los hechos violentos registrados en por lo menos seis o siete municipios de Tlaxcala.

Indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado presentó avances de las investigaciones, aunque evitó proporcionar detalles para no afectar los procedimientos.

Señaló que ya se tienen identificadas a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, además de las dinámicas en que ocurrieron.

De acuerdo con el funcionario, en los próximos días la Fiscalía podría actuar en consecuencia, una vez que se formalicen los procedimientos correspondientes y exista coordinación con el Poder Judicial.

Buscan retirar armas de los hogares

Ante el cuestionamiento sobre la presencia de armas de fuego en los domicilios y su posible relación con hechos violentos, Ramírez Hernández destacó que se mantiene activo el programa de desarme.

Explicó que las familias pueden acudir a los módulos establecidos para entregar armas de fuego a cambio de apoyos, entre ellos enseres domésticos.

Asimismo, adelantó que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, implementará en los próximos meses una vertiente adicional que contemplará apoyos económicos mediante un tabulador.

El funcionario consideró que ambas estrategias pueden contribuir a retirar armas de los hogares y reducir los riesgos asociados con su posesión.

También señaló que en algunos de los hechos recientes se han identificado factores como el consumo de alcohol y conflictos o rencillas entre personas.

Gobierno mantiene diálogo con campesinos

Respecto a las movilizaciones y demandas de productores agrícolas, el secretario afirmó que se han realizado diversas mesas de trabajo con autoridades federales y representantes del sector.

Recordó que desde el año pasado se establecieron reuniones con la entonces Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo encuentros en municipios como Calpulalpan y Nanacamilpa.

Entre las acciones mencionó un programa especial para maíz blanco, mediante el cual se buscó apoyar la comercialización de las cosechas y garantizar un precio de garantía, sujeto a la disponibilidad del Gobierno federal.

También señaló que permanece vigente el seguro de catástrofes en materia agrícola, por lo que será necesario concluir la evaluación de los daños registrados en los municipios productores para determinar las acciones correspondientes.

Ramírez Hernández explicó que parte de las exigencias de los campesinos corresponden al ámbito federal y están relacionadas con semillas, fertilizantes, normas oficiales y tratados internacionales.

Aseguró que el Gobierno estatal ha acompañado las gestiones ante distintas dependencias federales y reiteró que se respeta el derecho a la manifestación.

No obstante, consideró que las demandas deben mantenerse mediante mecanismos de diálogo y seguimiento institucional para avanzar en la atención de los planteamientos del sector.