Exigieron la cancelación de los proyectos denominados ‘Ciudades’, el PODECIBI y el CECI del IMSS

Por Selene Sosa

Recientemente el Centro Fray julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C., encabezó el Encuentro de Luchas contra la Devastación y por la Justicia Socioambiental en la Región Puebla-Tlaxcala, en la que condenaron que ambos Gobiernos Estatales haya convertidos la región en un «infierno ambiental y zona de sacrificio».

Tras el encuentro, las organizaciones civiles recodaron que la instalación de Pemex y Volkswagen han sido parte de la devastación socioambiental de la Cuenta del Alto Atoyac, aunado a la instalación de empresas proveedoras a sus cadenas de producción.

«Con el paso del tiempo y ante la falta de regulación ambiental, han convertido a nuestros territorios de Puebla y Tlaxcala en un infierno ambiental y una zona de sacrificio, general no sólo la contaminación del agua, suelo y aire, sino también un impacto negativo en la salud y la vida».

Bajo dicha tesitura, recordaron que, pese a la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el supuesto compromiso del Gobierno Federal por sanar los tres ríos más contaminados del país, incluido el Zahuapan, aún persisten 112 contaminantes en el afluente.

Ello, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio como resultado que entre 2015 y 2019, una persona perdieran la vida cada 2.5 horas a causa de enfermedades relacionadas con neoplasia maligna y otras ligadas a órganos genitales femeninos y cáncer de colon y otros relacionados con la sangre.

«A pesar de la grave crisis de salud y ambiental que afrenta la región… continúan impulsándose proyectos industriales y gubernamentales que agudizan la devastación socioambiental y agravan las afectaciones a nuestras comunidades».

Bajo dicho tenor, enlistaron los proyectos e intentonas de imposición de estos en pueblos originarios, tales como la Ciudad Administratva y la del Entretenimiento, cuyas aguas residuales serán vertidas en el Río Zahuapan, como ocurre con los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Xiloxoxtla a la Laguna de Acuitlapilco.

A ello se le suma el intento de imposición de los Centros de Disposición Final de Residuos Sólidos en los municipios de Atlangatepec, Tlaxcala y San José Chiapa, Puebla y la saturación en los tiraderos de Nanacamilpa y Atlangatepec.

Asimismo, recordaron la «imposición sistemática de proyectos que afectan los espacios de convivencia comunitarios» como es el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los campos deportivos de las comunidades de Santa Cruz Guadalupe y Guadalupe Ixcotla en el municipio de Chiautempan.

Y el «Ecoparque Tllli Malinche» en el Parque Nacional, impulsado por el Gobierno de Puebla, el cual abarca 60 hectáreas de la montaña, despojando de su territorio a la flora y fauna y a las propias comunidades, situación similar a la amenaza de la construcción del Libramiento Calpulalpan, Tlaxcala.

«Estos proyectos se imponen desde la falta de transparencia o reserva de la información, la división comunitaria y la manipulación de las asambleas, el control de las autoridades municipales y de comunidad, privilegiando los intereses empresariales y criminalizando a la protesta social».

Por ello, el CFJG y las demás organizaciones civiles hicieron públicas 17 peticiones a los Gobiernos de Puebla y Tlaxcala, entre los que destacan el freno inmediato a la imposición de proyectos y dejar de simular su preocupación por la Cuenca del Alto Atoyac, así como respetar a las comunidades y pueblos originarios.

Así como detener la criminalización, el acoso, la represión y las amenazas a las personas y comunidades que luchan por sus territorios, el retiro de elementos de la Policía Estatal donde se intentan imponer proyectos y sancionar penal y administrativamente la corrupción y omisión de los servidores públicos responsables