Por Mauricio Hernández Olaiz

Durante meses, en Tlaxcala se habló en voz baja de lo que parecía evidente: la participación abierta y descarada del gobierno estatal en el proceso interno de Morena para la definición de su candidatura a la gubernatura.

Primero fueron rumores. Después comentarios de pasillo. Más tarde, testimonios de trabajadores. Luego los mensajes de Whats app Y finalmente llegaron las fotografías, los videos y las evidencias que muestran a personal gubernamental armando paquetes de propaganda y operación política en la mismísima casa de gobierno, ahí mismo…ahí donde los onomásticos de Lorena Cuéllar cobran especial…significado.

Pero esta vez no hubo mesas en donde poner los cientos de regalos que los lambisco…esto…que los amigos de Lorena le entregan por su cumpleaños, esta vez las mesas eran para acomodar la propaganda electoral de Alfonso, esa que luego aparece, como por arte de magia en nuestras casas….¿De donde saldrá tanto dinero?…si sé, pero no tengo pruebas, tampoco dudas.

Pero….ya ni siquiera estamos ante un asunto de percepción política. Estamos frente a hechos que, por lo menos en el terreno público, han generado serios cuestionamientos sobre el uso de recursos humanos, materiales e instalaciones del gobierno para favorecer a un aspirante en un proceso partidista.

Porque una cosa es simpatizar políticamente; algo legítimo para cualquier ciudadano, (saludos Fabricio Mena) y otra muy distinta convertir la estructura gubernamental en maquinaria de promoción electoral (la porra te saluda “Fabricio”)

Si, metámonos un poquito en lo de la ley, que ya sé que no sirve para nada, pero bien vale recordar que está por ahí.

Y es que en este sentido la legislación mexicana no deja mucho espacio para la interpretación. El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y sin influir en la competencia entre partidos o candidaturas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales contemplan responsabilidades cuando servidores públicos destinan bienes, personal o recursos públicos a fines político-electorales. Incluso tratándose de procesos internos de partidos, el principio de imparcialidad sigue siendo exigible a quienes ejercen cargos públicos.

Y ahí está el meollo del asunto,  no hablamos únicamente de propaganda; hablamos, de evidencias auténticas y hasta confirmadas por el propio gobierno de que corresponden a instalaciones gubernamentales, de personal, tiempo laboral, espacios públicos y recursos materiales utilizados para beneficiar a un actor político determinado.

Pero lo verdaderamente extraordinario no es el hecho en sí. Lo extraordinario es la explicación que dio el campeón mundial de las maromas.

El coordinador de comunicación, Maromero Martínez,  reconoció la autenticidad de las imágenes, pero sostuvo que la gobernadora no tenía conocimiento alguno de lo que ocurría.

¡Aaaaamonoooos! La sacó del estadio….y por mucho….Vaya pedazo de…. Cuadrangular.

Entonces debemos imaginar que, en la sede del poder estatal, en un espacio propiedad del pueblo de Tlaxcala, entran y salen personas, se organizan materiales, se realizan actividades político-partidistas y la jefa de jefas, la mandamás, la gobernadora no sabe nada. Una especie de fenómeno paranormal administrativo. Todo ese personal requerido para el armado, acomodo y distribución de los paquetes son..INVISIBLES…para ella. Lorena no ve mapaches en casa de gobierno.

Pero el que no los vea, o quiera ver, no cambia el hecho claro y contundente que ahí estuvieron, o están y estarán…

De verdad, qué poca ma….. consideración tienen con la inteligencia de los tlaxcaltecas. ¿De verdad nos creen tan pen…..conejos?… Carajo con tantos millones de pesos gastados solo para ganarse la candidatura no pudieron rentar una casa o salón, o lo que fuera…son unos genios.

Si en verdad Lorena Cuéllar no sabía nada….Malo….muy malo, nos habla de una jefa de estado a la que le ven la cara en su propia casa…pero sabemos que no es el caso…en Tlaxcala nada se mueve, ni un flyer siquiera, sin el consentimiento de la mandataria…

Pero el problema no es únicamente la posible utilización indebida de recursos públicos. El problema es pretender que todos aceptemos una explicación que desafía la lógica más elemental, que atenta contra nuestra propia inteligencia…

A estas alturas, resulta evidente que existe una determinación política por impulsar al presidente municipal con licencia, Alfonso Sánchez García. Y esa determinación parece haber rebasado no solo los límites de prudencia institucional, sino incluso las propias reglas internas de Morena.

Se dice que las dirigencias nacionales del partido conocen las inconformidades, las quejas y las evidencias. También se sabe que el diputado con licencia Raymundo Vázquez Conchas ha exigido que se investiguen estos hechos y presentado la evidencia.

Pobre Ray.

Pareciera ignorar algo que en Tlaxcala muchos dan por descontado: que las denuncias internas, por sólidas que sean, tienen amplias posibilidades de terminar descansando el sueño eterno en algún cajón de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Y es que, si son ciertos los rumores sobre una eventual incorporación de la gobernadora a un cargo en el gobierno federal, todavía se hace más difícil que las quejas procedan…

La política funciona muchas veces bajo reglas no escritas: las lealtades se pagan, los excesos se administran y las transiciones se cuidan. Difícilmente se incorporaría a un equipo cercano de la mandataria federal a alguien cuya actuación en el pasado pudiera convertirse en un problema mayor en lo futuro.

Por ello, pensar que la maquinaria gubernamental se detendrá por voluntad propia o por llamado del partido parece, cuando menos, ingenuo, pero sigue echándole ganitas mi Ray.

Hay otro dato que resulta revelador: gran parte de las evidencias conocidas no provienen de adversarios políticos ni de investigaciones periodísticas aisladas. Surgen desde dentro. Son empleados, funcionarios y trabajadores quienes, cansados de ser utilizados para tareas ajenas a sus responsabilidades institucionales, terminan filtrando información.

Ese es quizá el síntoma más preocupante: el desgaste interno. El hartazgo claro de la burocracia.

Y mientras tanto, llama la atención el silencio de quien considero, la principal  afectada, la senadora con licencia Ana Lilia Rivera.

Hasta ahora, públicamente, ha evitado acusar de manera directa a la gobernadora de una intervención indebida; pese a la monumental evidencia en contra. Ana Lilia ha preferido hablar de unidad y de cohesión como se los ha pedido el partido, esperando, yo creo, que eso se lo reconozcan y premien, yo lo dudo…

Concluyo con una máxima lógica, pero no histórica…La casa de gobierno debe servir para gobernar. No para hacer campaña.

Atentamente….El iluso….@olaizmau

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