Debido a que no es garante del derecho humano, individual y colectivo al agua

Por Selene Sosa

Organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos, solicitaron al Poder Legislativo rechazar la Iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés y Derechos Humanos, dio a conocer este día un posicionamiento respecto a la iniciativa presentada y turnada a las comisiones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Recursos Hidráulicos y la de Puntos Constitucionales, así como a Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

En dicho pronunciamiento, las y los activistas representantes de diversas organizaciones estatales y nacionales se dijeron estar en contra de la propuesta debido a que, desde su observador, la Iniciativa de Ley de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) carece de varias cuestiones.

Entre ellas, “no tiene como base el reconocimiento de que 80 por ciento de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac”, además de que no se toma en cuenta la sequía progresiva del río desde 2013 que, tiene un crecimiento del 37.09 por ciento desde entonces.

Asimismo, evidenciaron que la propuesta no garantiza el derecho humano al agua de lo individual y lo colectivo ya que condiciona el acceso al vital líquido por la infraestructura existente.

De igual modo, señalaron, “La iniciativa les quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales, siendo este sector el que vierte las sustancias más tóxicas a los cuerpos de agua”, centrando la propuesta en el saneamiento y no en la preservación de la Cuenta del Alto Atoyac.

Igualmente, puntualizaron que la iniciativa de Ley le roba la posibilidad a la ciudadanía tlaxcalteca de participar y ser tomados en cuenta para la toma de decisiones sobre el saneamiento, recuperación y cuidado del río en cuestión, lo que viola la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Además, de manera alarmante, la propuesta morenista criminaliza la protesta ciudadana “ante el carecimiento injustificado de los costos del servicio de agua potable” haciéndolos, incluso, acreedores a una sanción.

Por lo anteriormente expuesto, las y los activistas proponen que se cree una Ley que contemple acciones para la conservación de los niveles de agua actuales, así como foros en donde pueda participar la sociedad civil organizada y que establezca claramente la responsabilidad de la contaminación de los cuerpos de agua a las industrias.