Con desacato, la FGR de la 4T mantiene bajo llave la Verdad Histórica de Peña Nieto sobre Ayotzinapa

Fuente: PROCESO

Tras ganar en el INAI, dos tribunales administrativos y la Suprema Corte, el periodista Alberto Padilla sigue esperando que la FGR le entregue el expediente de la «Verdad Histórica» sobre el caso Ayotzinapa, que la propia fiscalía mantiene bajo llave con desacato judicial. Es un periplo de casi cuatro años que el portal Wired México comparte a los lectores de Proceso.

El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que me entregara el expediente que investiga la denominada “Verdad Histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. “La FGR debe entregar y publicar en su página de Internet una versión pública de la investigación”, anunció la Corte en su página web. Los jueces me dieron la razón, pero la fiscalía todavía no ha cumplido.

Llevo cuatro años intentando que me den el expediente. En este tiempo, intervinieron el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos tribunales administrativos y hasta la Suprema Corte. Ninguno logró que la FGR me proporcionara los documentos.

Tras el fallo de la Corte, la dependencia que dirige Ernestina Godoy ha decidido enterrarme en burocracia: desobedece el mandato judicial a pesar de reconocer que sabe que la sentencia existe. Su excusa es que nunca llegó a la oficina adecuada. Desconozco si ese mismo argumento sirve para cualquier ciudadano que incumple el mandato de un juez.

Llevo años cubriendo violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En agosto de 2022, presenté una de las decenas de solicitudes de transparencia que se tramitan cada año: quería una versión pública de la carpeta que investiga la denominada “Verdad Histórica”, el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto para imponer una verdad oficial: que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan. Una teoría que fue descartada por investigaciones independientes.

Quería conocer qué pasos dieron los investigadores en su proceso contra antiguos funcionarios como el ex fiscal general, Jesús Murillo Karam, actualmente con un grillete electrónico; o el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel para eludir la justicia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había convertido el esclarecimiento del caso en uno de sus compromisos, e investigar a los funcionarios que trataron de cerrarlo mediante la “Verdad Histórica” era una línea prioritaria. Quería saber qué es lo que las autoridades habían hecho más allá de los discursos oficiales.

La versión pública implica que se tapen nombres propios y algunos detalles que permitirían identificar a las personas mencionadas en los documentos. La ley mexicana prohíbe expresamente la reserva de información en casos de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Por eso, no tenía dudas de que el INAI me daría la razón.

Tampoco me sorprendió la primera reacción de la FGR, que trató de evitar que se entregara la carpeta alegando que podría perjudicar a la investigación. En sus primeras alegaciones dijo que “obstruiría las funciones de investigación del delito, toda vez que se atenta contra el desarrollo de la teoría del caso”, que la publicidad podría afectar el derecho a la presunción de inocencia de los encausados (sin especificar si se refería a los funcionarios o a los acusados de desaparecer a los 43 jóvenes), y que los testigos protegidos podían sufrir ataques. En realidad, nunca pedí los nombres, sino un expediente con datos personales eliminados. En la práctica, muchas de las identidades de los implicados eran de dominio público.

Como esperaba, el INAI rechazó los argumentos de la fiscalía y el 15 de febrero de 2023 le dio la orden de entregar la información en un plazo de 20 días.

La maniobra con antiguos acusados de Guerreros Unidos

Aquí viene una de mis grandes sorpresas. Hay excepciones, pero cuando el INAI ordenaba, las dependencias solían acatar. En este caso, pasaban los días y no recibía notificaciones, hasta que, en algún momento, cuando llamé a la fiscalía, me dijeron que no podían entregarme el expediente porque se había presentado un amparo en mi contra. Alguien que figuraba en la carpeta había recurrido a la justicia para evitar que se conociese el contenido.

Tardé semanas en saber quiénes eran, pero finalmente lo logré: todos los quejosos eran antiguos acusados por la desaparición de los 43 estudiantes, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron encarcelados y finalmente puestos en libertad porque la acusación se basaba en testimonios obtenidos bajo tortura.

El 6 de marzo de 2023, Agustín García Reyes, “Chereje”, presentó el primer escrito, apoyado por funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que ejercieron como asesores jurídicos. García Reyes fue detenido entre el 26 y el 27 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, por parte de elementos de la Marina. Denunció torturas y su testimonio resultó clave para construir la “Verdad Histórica”. Él era la persona con playera verde que realizó los recorridos de aquellos días junto al exjefe de Investigación, Tomás Zerón, y quien dijo que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y los restos esparcidos en el río San Juan.

Tras “Chereje” llegaron otros cuatro: Jorge Luis Poblete Aponte; Patricio Reyes Landa, “Pato” (asesinado en su casa de Jilotepec, Estado de México, en 2025); Salvador Reza Jacobo y Jonathan Osorio Cortés, “Jona”. Todos ellos fueron detenidos a finales de octubre de 2014, acusados de ser los responsables directos de la desaparición de los 43 y finalmente liberados en 2018 porque un juez consideró que no se les podía condenar con base en testimonios obtenidos bajo tortura: las mismas torturas que se investigaban en esta carpeta.

Los amparos sirvieron para que un juez paralizara la entrega de la documentación en un proceso que se alargó hasta llegar a la Suprema Corte.

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