El Centro de Derechos Humanos de la Universidad afirmó que se usaron varias tecnologías de espionaje, entre ellas Pegasus

Fuente: EL UNIVERSAL

El Centro de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Berkeley publicó este jueves una investigación que revela que en la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 337 periodistas y defensores de derechos humanos, así como el uso de Pegasus para espiar a la prensa, a pesar de las negativas del gobierno.

HRC publicó las conclusiones de una investigación que comenzó después de una intrusión del grupo activista Guacamaya, en septiembre de 2022, derivara en la filtración de 6 terabytes de correos electrónicos y archivos adjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

En “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, el HRC documenta cómo los periodistas y defensores que informaban sobre la delincuencia, la corrupción y los abusos del Estado fueron blanco de ataques provenientes del mismo Estado.

De los 337 asesinados, 78 eran periodistas y 259 defensores, una cifra más alta de la que se documentó en su momento. Artículo 19 había cifrado en entre 46 y 47 los periodistas asesinados, mientras que organizaciones de la sociedad civil hablaron de 225 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y activistas ambientales.

Según HRC, estos crímenes no fueron sino la punta visible de un amplio ataque contra la prensa y los activistas, “un ataque que el Estado fomentó abiertamente y que rara vez castigó. La impunidad por los delitos contra este grupo se mantuvo entre aproximadamente 93% y 99% a lo largo de todo el periodo”, señala la investigación.

“Desde hace tiempo se describe a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista o defensor de los derechos humanos, pero esa visión no cuenta toda la historia. Lo que hemos documentado es una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa. Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”, señaló en el reporte Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional de HRC.

A pesar de López Obrador aseguró en distintos momentos que su gobierno no espiaba a periodistas o críticos, la investigación forense digital de HRC confirmó que un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Secretaría de la de Defensa (Defensa) utilizó no sólo el software espía Pegasus, de NSO Group, sino también “otras herramientas de vigilancia, como Geomatrix, de Rayzone, contra periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso contra los propios investigadores de control del gobierno, sin autorización judicial y sin que existiera ninguna ley que facultara a las fuerzas armadas a interceptar comunicaciones privadas”.

Por ejemplo, detalla que entre 2019 y 2023, se utilizó el Cellebrite UFED (Universal Forensic Extraction Device), un hardware y software que permite extraer, decodificar y analizar datos de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos digitales.

La persecución, indica HRC se daba desde las Mañaneras de AMLO, donde, advierte, “estigmatizaba y señalaba a periodistas por sus nombres, calificándolos como enemigos del Estado”.

Sobre la impunidad en los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, HRC concluye que se trató de “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste. Una impunidad de tal magnitud es un claro indicio de que México no está dispuesto o no es capaz de investigar y enjuiciar los delitos contra este grupo específico de civiles”.

La investigación fue concebida inicialmente como un escrito judicial dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI) y como un caso de prueba para la primera Política sobre delitos cometidos mediante medios cibernéticos de la Fiscalía, en virtud del Estatuto de Roma. Sin embargo, el HRC señala que las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra la CPI hicieron imposible recurrir a alguna vía legal para presentar las pruebas, por lo que se decidió reconvertir la pesquisa en una plataforma pública, que incluye identidades de víctimas, “75 expedientes de casos, un análisis asistido por IA de más de mil 400 ruedas de prensa presidenciales, organigramas del aparato de seguridad de México y secciones detalladas sobre vigilancia, acoso en línea, abuso de los procesos legales, violencia física e impunidad”.