Por Edgardo Cabrera

Como nunca había ocurrido en anteriores gobiernos, la magnitud de los montos, señalamientos de corrupción, las evidencias y anomalías denunciadas son el pan de cada día en la recta final de la administración de Lorena Cuéllar, no son dichos, su gestión está plagada de observaciones multi millonarias por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Solamente entre 2021 y 2023 la suma total de las observaciones iniciales emitidas por dicha instancia fiscalizadora rondó entre los mil 700 millones de pesos y los casi 900 millones de pesos, que se han obtenido de los datos expuestos en los informes de las cuentas públicas de dichos ejercicios presupuestales y de solventaciones. 

En sus primeros cuatro meses de gobierno en el año 2021 y todo el 2022 el acumulado fue de mil 396 millones de pesosderivados de deficiencias graves y falta de documentación contable en la aplicación de recursos federales transferidos; en aquella ocasión se justificaron al decir que la mayor parte de este monto histórico correspondía al cierre de Marco Mena y que lo suyo fue solventado casi en su totalidad, lo cierto es que su antecesor anda como la fresca lechuga como cónsul en Estados Unidos por parte del gobierno de Sheinbaum.

Durante el 2023 los señalamientos de probable daño a la hacienda pública ascendieron a 314 millones de pesos, la Auditoría detectó inconsistencias en el gasto del Ramo 28 y casi 57 millones de pesos en Infraestructura Social, hablamos de sobrecosto y deficiencias en obras; para rematar, en Salud el monto señalado ascendió a 22.2 MDP, por pagos a personal no localizado (aviadores) o que ya había fallecido.

OTRO RÉCORD

En 2024 la cédula de resultados finales registró importes por aclarar relacionados con documentación que acreditara retenciones de ISR, además, en otra observación se determinó un probable daño de 1 millón 120 mil pesos por no acreditar la propiedad del inmueble donde se ejecutó una obra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

También llama la atención el caso de 25.5 millones de pesos observados por contratar personal educativo sin acreditación académica, fallas de transparencia y omisiones en la entrega y descuentos de participaciones a municipios, así como pagos indebidos a trabajadores. 

Lorena Cuéllar aún traerá pendiente la cuenta de 2025, 2026 y los 8 meses que ejerza en 2027 que, con este antecedente, pinta que será peor.

Y aunque en sus maromas mañaneras hablen de “campañas” desde la oposición, la realidad es la pésima aplicación de los recursos que no les gusta que sean expuestas, porque no les gusta que lo público, sea cada vez más público, no olvidemos que Cuéllar desapareció el Instituto de Acceso a la Información Pública, esos también son hechos, no dichos.