Señalamientos en planteles de San Jerónimo Zacualpan y Muñoz de Domingo Arenas involucran aportaciones escolares, uniformes, proveedores y manejo de recursos

Por Stephany Rodríguez

Padres y madres de familia de dos escuelas ubicadas en distintos municipios de Tlaxcala hicieron públicos, por separado, diversos señalamientos relacionados con aportaciones económicas, actividades escolares, adquisición de uniformes y transparencia en el manejo de recursos.

En San Jerónimo Zacualpan, padres de familia de un plantel educativo denunciaron presuntos condicionamientos relacionados con las aportaciones económicas solicitadas para el mantenimiento de la escuela.

De acuerdo con los denunciantes, el Comité de Padres de Familia, presuntamente con conocimiento de la dirección escolar, estaría solicitando cooperaciones económicas y vinculándolas con la participación de los estudiantes en determinadas actividades.

Los padres señalaron que incluso se habría colocado una cartulina en el exterior del plantel con una advertencia dirigida a quienes no realizaran las aportaciones, situación que consideraron motivo de preocupación.

Asimismo, indicaron que las cooperaciones habrían sido solicitadas durante uno o hasta dos años y que, además del mantenimiento, anteriormente se habrían requerido recursos para actividades como danza, inglés y computación.

Ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades educativas para revisar la forma en que se solicitan y administran dichas aportaciones, así como determinar si existe algún tipo de condicionamiento para los estudiantes o sus familias.

En un segundo caso, registrado en Muñoz de Domingo Arenas, padres de familia de la escuela primaria Fausto Vega Santander manifestaron su inconformidad por decisiones relacionadas con el cambio de uniforme, la adquisición mediante un proveedor señalado como único y el cobro de 850 pesos por alumno.

Mediante una denuncia ciudadana, las familias señalaron que durante una asamblea realizada el pasado 13 de julio se generó una discusión por el cambio de uniforme y, según su versión, el Comité de Padres de Familia no habría presentado posteriormente el corte de caja de manera detallada.

Los inconformes cuestionaron que la adquisición del nuevo uniforme se encuentre vinculada, según sus señalamientos, con un solo proveedor, debido a que ello limitaría la posibilidad de comparar precios y calidad o elegir alternativas acordes con las condiciones económicas de cada familia.

También solicitaron que se transparenten y justifiquen los 850 pesos establecidos por alumno, además de que se presente el corte de caja pendiente con información detallada sobre los recursos administrados por la comunidad escolar.

En ambos casos, aunque se trata de escuelas y municipios distintos, los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas para revisar los señalamientos y verificar que las aportaciones, cobros y decisiones administrativas se realicen conforme a la normatividad correspondiente.

Las denuncias fueron presentadas por integrantes de las comunidades escolares, quienes pidieron que sus señalamientos sean revisados por las instancias competentes y que se garantice transparencia en el manejo de los recursos y que ninguna aportación económica sea utilizada como condicionante para los estudiantes.