Por Juan Manuel Cambrón Soria

En materia electoral el tiempo no es un elemento accesorio y mucho menos es cosmético; el tiempo es parte sustantiva de la justicia.  Una resolución puede estar perfectamente fundada, citar leyes, jurisprudencias y llenar decenas de páginas de argumentos jurídicos; pero si se emite ya que la conducta denunciada produjo efectos perniciosos, la ventaja política de quienes violan la ley es irreversible.

La reflexión viene a propósito de las declaraciones del presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emmanuel Ávila González, quien rechazó que exista omisión, lentitud o tortuguismo en la atención de las quejas electorales y atribuyó los retrasos a la complejidad de los procedimientos. Esta idea merece revisarse con seriedad y con aristas.

En agosto de 2025 presentamos una queja contra el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández, por violar la ley electoral y promoverse con recursos públicos. Ante la ausencia de una resolución después de doce meses, decidimos desistirnos, no porque los hechos denunciados hayan dejado de tener importancia, sino porque la queja perdió materia y la justicia nunca llegó. Y así como ese ejemplo, hay al menos 5 quejas más interpuestas por el PRD, que tienen 6 meses en estudio por decir lo menos y no ser mal pensados.

La respuesta del ITE resulta particularmente curiosa porque afirma que los asuntos son complejos, que los promoventes solicitan ampliaciones y presentan pruebas, más pruebas y todavía más pruebas; y todo se les acumula.  Todo eso puede ser cierto.

Pero ¿la complejidad explica la tardanza o es un pretexto para justificarla? Nadie pretende que una autoridad electoral resuelva al vapor, mucho menos que sacrifique el debido proceso para cumplir artificialmente con un plazo; se entiende que investigar requiere tiempo; valorar pruebas requiere cuidado; garantizar el derecho de audiencia de las partes es indispensable; sin embargo, la duda asalta cuando el tiempo corre, sin que suceda nada o suceda poco, y los meses empiezan a acumularse en el calendario.

En materia electoral los daños no son resarcibles, toda vez que una promoción personalizada fija en la mente del ciudadano el conocimiento de un nombre, una campaña anticipada posiciona una candidatura, la utilización indebida de recursos públicos produce ventajas; y al final todas esas conductas contrarias a las reglas consuman los agravios mientras el expediente permanece abierto, y la autoridad no marca límites ni aplica la ley.  Es en este momento donde aparece una paradoja: cuando finalmente llega la resolución, quizá jurídicamente sea correcta, pero políticamente inútil.

Aunque formalmente el proceso electoral todavía no comienza, cualquiera que observe mínimamente la vida pública de Tlaxcala sabe que la competencia política ya está en marcha. Hay bardas, espectaculares, publicaciones en medios, recorridos, promoción personal, eventos, estructuras territoriales y personajes que llevan meses buscando instalar su nombre entre el electorado; y la constante es la misma, todos pertenecen al partido en el gobierno, y tienen acceso a las estructuras institucionales. Por esta razón las reglas existen, precisamente para evitar que quien tenga más dinero, acceso al poder público o capacidad de promoción pueda simplemente adelantarse; y también por eso, existe un árbitro, encargado de aplicar la ley y emitir sanciones para garantizar la equidad en la contienda. Al suceder exactamente todo lo contrario, el incentivo es altamente perverso: violar las reglas puede terminar siendo políticamente rentable, porque no existe autoridad ni castigo que lo inhiba.

Y aquí quiero hacer una precisión indispensable.  No pretendo un Instituto Electoral que resuelva rápido para darle la razón al PRD, lo que espero es uno que resuelva a tiempo, incluso cuando determine que no tenemos razón; ahí la diferencia es enorme.

Durante décadas México construyó instituciones electorales para que las disputas por el poder dejaran de resolverse desde el poder. Esa conquista democrática no puede reducirse a organizar elecciones técnicamente correctas cada tres años; también implica garantizar condiciones razonablemente equitativas antes y durante las campañas.

La del 2027 será una elección intensa y probablemente muy litigada; cuando llegue ese momento, Tlaxcala necesitará un árbitro que investigue con seriedad, que valore todas las pruebas y que garantice los derechos de todas y todos.  Pero también necesitará algo mucho más simple y por lo que se ve, más difícil de lograr: que tenga el silbato en la mano y lo use a tiempo mientras el partido todavía se está jugando.

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