Por Mauricio Hernández Olaiz

Hay una frase que suele repetirse en cada proceso electoral: “nadie puede obligar a un trabajador del gobierno a participar en actividades políticas”. La ley es clara. Los servidores públicos tienen derechos y las instituciones existen para servir a los ciudadanos, no para convertirse en cuartos de guerra electorales. Sin embargo, cuando las denuncias comienzan a multiplicarse desde distintas dependencias, el problema deja de parecer aislado y empieza a dibujar un patrón que merece toda la atención pública.

En Tlaxcala son cada vez más las voces que aseguran que la estructura gubernamental ha sido puesta al servicio de un solo proyecto político. Ya no se trata únicamente de la percepción de que la gobernadora Lorena Cuéllar ha asumido un papel protagónico en la promoción política de Alfonso Sánchez García. Lo verdaderamente preocupante son los mecanismos que, según diversos testimonios, estarían utilizándose para sostener esa operación.

Hace apenas unos días, un mensaje de WhatsApp atribuido al secretario de Turismo evidenció la presión ejercida sobre personal de esa dependencia para cumplir metas relacionadas con la promoción del llamado «delfín». Aquello dejó de ser un simple rumor para convertirse en un episodio ampliamente comentado. Pero lejos de tratarse de un caso aislado, trabajadores de otras áreas del gobierno afirman que las prácticas serían similares.

La Secretaría de Movilidad y Transporte aparece ahora en el centro de nuevas inconformidades. Personal de esa dependencia asegura que no solo existe presión para asistir a eventos políticos del presidente municipal con licencia de Tlaxcala, sino que incluso se les advierte sobre la obligación de mantenerse disponibles para esas actividades, aun cuando ello afecte su vida personal o laboral. El nombre del beneficiario pocas veces se pronuncia, dicen, pero todos entienden perfectamente de quién se habla cuando los convocan a apoyar al «amigo».

Más delicadas aún son las versiones relacionadas con el manejo del personal recientemente contratado. Hay trabajadores que afirman haber ingresado desde junio bajo la promesa de que existía presupuesto suficiente para cubrir sus salarios. Sin embargo, aseguran que el pago simplemente no ha llegado. La explicación habría sido una nueva promesa para mediados de agosto, sin ofrecer certeza alguna.

Mientras el sueldo no aparece, las obligaciones sí. Según estos testimonios, deben presentar facturas y comprobantes de actividades como si fueran proveedores externos y no trabajadores subordinados de la propia administración. Algunos incluso solicitaron disponer de unas horas para realizar otras actividades remuneradas mientras recibían el pago comprometido, pero la respuesta habría sido negativa porque, les dijeron, podrían ser requeridos para asistir a eventos del «amigo».

Las historias coinciden también en otro punto inquietante: reuniones donde no se permite el ingreso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo capaz de grabar lo que ahí se dice. Si todo es legal, transparente y estrictamente institucional, ¿por qué la necesidad de impedir cualquier registro? La opacidad nunca ayuda a disipar sospechas; por el contrario, suele alimentarlas.

Y es que al parecer  no estamos  frente a simples excesos administrativos. Estamos hablando del uso de recursos humanos del Estado para fines político-electorales, de presuntas presiones laborales y de un ambiente donde el miedo sustituye a la libertad de los trabajadores para decidir si participan o no en actividades partidistas, y en donde el pago de su sueldo no está garantizado, incluso colaborando con el “amigo”.

Ningún servidor público debería elegir entre conservar su empleo o conservar su dignidad. Ningún jefe tendría derecho a convertir la nómina gubernamental en una estructura electoral. Y ningún proyecto político debería construirse sobre amenazas, descuentos salariales o condicionamientos laborales.

La democracia no se fortalece cuando el aparato gubernamental trabaja para un candidato; se debilita. Porque entonces deja de competir un aspirante contra otros y comienza a competir todo el poder del Estado contra quienes piensan distinto.

Tal vez por eso la pregunta que debería hacerse cada tlaxcalteca ya no es quién será el próximo gobernador o gobernadora. La verdadera pregunta es mucho más simple y mucho más profunda: ¿queremos que la próxima administración nazca del respaldo ciudadano… o del miedo de miles de trabajadores públicos?

Porque si la continuidad significa que el empleo depende de acudir a un mitin, de aportar dinero, de guardar silencio y de obedecer consignas políticas, entonces no estamos hablando de continuidad; estamos hablando de la normalización del terrorismo laboral. Y esa nunca ha sido una buena noticia para ninguna democracia, no es una buena noticia para el futuro de Tlaxcala.

Aunque es cierto que quienes hoy se ven perseguidos , presionados, amenazados, podrán tener su gran revancha el día que estén frente a la urna…ellos, sus familias, sus amigos, vecinos, todos aquellos que encuentran estas medidas de la triste historia como aberrantes….y eso seguro no lo han medido en su eterno “cuarto de guerra”.

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