El Gobierno Estatal por 329.9

Por Selene Sosa

Al estilo de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, la titular del Poder Ejecutivo Local, Lorena Cuéllar Cisneros, aseveró que la supuesta “desinformación” sobre su propuesta de modificación a la Ley de Deuda Pública es un ataque a su administración para crear desestabilidad, sin embargo, con la aprobación por parte del Congreso del Estado, los municipios podrán endeudarse millonariamente.

En días pasados las y los integrantes de la LXV Legislatura aprobaron la propuesta de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para quitar los candados que el Ex Gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima había puesto a la Ley en cuestión para evitar la deuda.

En este sentido y tras su aprobación, a Cuéllar Cisneros le llovieron las críticas por dicha determinación, sobre todo porque el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realizó observaciones millonarias a los Ejercicios Fiscales de los ayuntamientos que recién concluyeron.

Al respecto, al puro estilo de López Obrador, la ex priísta alegó que los comentarios reprobatorios a la propuesta y su consecuente aprobación por parte de diputadas y diputados, tienen la finalidad de desestabilizar su sexenio puesto que lo que se pretende con dicha iniciativa es facilitar a los municipios el acceso a préstamos para el desarrollo de proyectos en beneficio de su población.

De acuerdo con la propuesta, el Gobierno del Estado podrá endeudarse hasta por 40 millones de Unidades de Inversión (UDI), equivalentes a la fecha que corre a 8.247834 pesos, es decir, la suma máxima de deuda para el Poder Ejecutivo Estatal rondaría los 329 millones 913 mil 360 pesos.

Mientras que, para los Ayuntamiento, las y los presidentes municipales tendrán una posibilidad máxima de deuda de 10 millones, lo que significaría una suma aproximadamente de 82 millones 478 mil 340 pesos, una vez que el Decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.

Según el documento, para la autorización de solicitud de préstamo contará la “opinión” de la Secretaría de Finanzas (SF) y requerirá la aprobación del Congreso Tlaxcalteca, el cual determinará con base en el proyecto que justifique el motivo de la solicitud de recurso, el cual, de ser aprobado, deberá ser pagado dentro de un año.