Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

(Fabián Robles/01 octubre 2026) El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros reconoció que, en cinco años de su administración, “no se ha implementado una campaña integral y permanente de prevención del feminicidio y la violencia sexual en espacios públicos, medios digitales y comunitarios”. 

También aceptó que las acciones de capacitación se han centrado “principalmente en el fortalecimiento institucional, sin acompañarse de campañas permanentes y masivas de información dirigidas a la población en general”, aunque estas omisiones representan “un área de oportunidad estratégica para fortalecer la política pública de prevención, visibilización y acceso a la información”.

El reconocimiento de esas omisiones quedó plasmado en el convenio de coordinación y adhesión firmado por la administración lorenista con el gobierno federal para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia derivadas de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el ejercicio fiscal de este año.

El convenio —firmado desde el 25 de marzo, pero publicado apenas el 2 de septiembre en el número 35 del Periódico Oficial del Estado— es por la cantidad de dos millones 665 mil 856.34 pesos y como fecha de inicio del proyecto se fijó el 1 de mayo y para concluirlo se planteó el 30 de noviembre de este año.

Para obtener ese subsidio federal, el 9 de febrero de este año la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET, Nydia Cano Rodríguez, presentó la solicitud correspondiente para la ejecución del proyecto MUJERES/AVGM/TLAX/2026 “que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados al Componente B Acciones de Coadyuvancia derivadas de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”. 

La necesidad de una campaña en la materia —según ese documento— se sustenta en datos del Colectivo Mujer y Utopía que “documentó 27 muertes violentas de mujeres en 2025 en Tlaxcala”.

El gobierno morenista también reconoció que “la Fiscalía General de Justicia del Estado reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública siete casos (feminicidios) en el periodo enero–noviembre de 2025, evidenciando una posible discrepancia en el registro y clasificación de los casos”. 

Entre los años 2022 y 2025 la organización Causa en Común registró al menos 31 feminicidios en Tlaxcala.

Con relación a la violencia sexual se indicó, según la ENDIREH 2021 del Inegi, se estima que el 68.6% de las mujeres de Tlaxcala de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de la vida y 42.7% en los últimos 12 meses. 

“La falta de capacitación en materia de seguridad a cuerpos de seguridad (sic) y de los primeros respondientes, resulta contraproducente para erradicar la violencia de género, el contar con personal no capacitado encargado de la atención inicial puede derivar en omisiones institucionales, actuaciones inadecuadas o revictimizantes, lo cual compromete la eficacia de las medidas de protección y la garantía de los derechos humanos de las mujeres”, reconoció también el gobierno. 

Ante esa situación se apuesta a la “capacitación, sensibilización y profesionalización continua de los cuerpos policiales, con el propósito de asegurar una actuación eficaz, inmediata y con perspectiva de género, conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia”. 

En lo que respecta a la acción en materia de justicia, se considera como eje estratégico prioritario para el gobierno de Tlaxcala, “toda vez que la impunidad en los delitos de violencia de género constituye uno de los principales obstáculos para su erradicación. En ese sentido, el fortalecimiento de la investigación, persecución y sanción de dichos delitos, bajo un enfoque de perspectiva de género, resulta indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres”. 

La administración lorenista se planteó, entre otros objetivos, el “abatimiento al rezago en carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencias contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres, adolescentes y niñas”.

Para cumplir esa meta se expuso la necesidad de contratar “hasta cinco abogadas” especializadas en género y derechos humanos de las mujeres, así como de peritos y peritas especializados en criminalística, medicina legal, psicología, antropología forense, trabajo social y análisis de contexto, con formación acreditada en perspectiva de género e interseccionalidad. 

También identificó la importancia de contratar a tres asesoras jurídicas especializadas en perspectiva de género para los módulos de las fiscalías especializadas en Violencia de Género (que operan en Tlaxcala y Apizaco) y la de Feminicidios (en el municipio capitalino)-.

La labor de esas profesionales es para identificar las carpetas de investigación por delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencias contra las mujeres, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres que se encuentran rezagadas “y que por motivos que se desconocen no se ha podido solicitar audiencia inicial”.

Su contratación es con el objetivo de “concluir con un análisis de las causas de inacción y obstáculos en el proceso, para reducir su número y solicitar su judicialización, garantizando así el acceso a la justicia para las víctimas mujeres”.