Audomaro, jefe de inteligencia de AMLO, oculta su patrimonio; pone candado a bienes hasta 2029
1 de octubre - 2026

Exdirector del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio de AMLO firmó reservar por cinco años su declaración patrimonial al argumentar que publicarla pone riesgo a la seguridad nacional

Unas 72 horas antes de dejar el cargo, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, firmó personalmente reservar por cinco años su declaración patrimonial al argumentar que hacerla pública pone riesgo a la seguridad nacional y que miembros de la delincuencia organizada podrían extorsionarlo o atentar contra su vida.

En la resolución CNI/CT/080/24/01, de la que EL UNIVERSAL posee copia, se indica que el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de terminar el sexenio anterior, Martínez Zapata firmó personalmente una resolución para reservar por cinco años su declaración patrimonial y la de todos los funcionarios del CNI al afirmar que revelar esta información patrimonial podría ser utilizada para “potenciar” algún riesgo o amenaza a la seguridad nacional.

Las declaraciones patrimoniales del exdirector del CNI y de todos los funcionarios no podrán ser públicas —como ocurre con todos los funcionarios del gobierno federal, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum— en la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realiza”.

“UNICO: CNI/CT/080/24/01. Se confirma la RESERVA por un periodo de cinco años de la información de las personas servidoras públicas de este centro (…) para que las declaraciones patrimoniales no se encuentren públicas a través del sistema Declaranet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”.

Será hasta septiembre de 2029 que se conozcan los bienes patrimoniales del general en retiro Audomaro Martínez Zapata.

En la página 5 se asegura que existe un “riesgo real” en difundir sus declaraciones patrimoniales de los funcionarios del CNI al afirmar que se pone en peligro su vida, toda vez que, afirma, su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos “a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada”.

También se afirma que hay un “riesgo demostrable” de que a partir de la identificación de los servidores públicos del CNI se brindarían pautas para aquellos interesados en promover la “ineficiencia” del sistema de investigación e información que opera la institución y con esto el estado de fuerza y capacidades del Centro y del Estado mexicano ante cualquier amenaza a la seguridad nacional.

“Debido a que dichos servidores públicos pueden ser coaccionados a fin de obtener información sensible de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia o estar en posibilidad de inhabilitar las acciones desarrolladas por dichos servidores públicos”.

El CNI también asegura que de hacerse públicas las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios se pondría en riesgo la vida y la libertad de los servidores públicos e incluso a sus familiares, ya que “dar a conocer la información solicitada permitiría que grupos delictivos los identificaran y realizaran acciones ilícitas en su contra”.

El general Martínez Zapata también argumentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el derecho de acceso a la información “no es absoluto” y admite excepciones, y una de ellas, indica, está dentro de esta reserva.

Excomisionados del INAI cuestionan reserva
Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuestionaron que el general Audomaro Martínez Zapata haya reservado por cinco años su declaración patrimonial, pues recordaron que es una obligación para todo funcionario federal y que no deben estarse clasificando sólo por pertenecer a una institución de seguridad.

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