Tras la protesta de Laura Ramírez y Gabino Santiago López, a quienes separaron una semana de su hija recién nacida, la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación y alegó falta de papeles, pese a que existen mecanismos para verificar alumbramientos en domicilios.

Fuente: PROCESO

Tras la protesta de Laura Ramírez y Gabino Santiago López, indígenas triquis que denunciaron racismo y discriminación por haber permanecido siete días separados de su hija recién nacida, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostuvo que la separación derivó de que la bebé nació en el domicilio de la pareja y no contaba con constancia de alumbramiento, lo que, según la institución, impidió acreditar de inmediato su identidad y filiación materna.

La explicación, sin embargo, no identificó qué delito investigaba el organismo encabezado por Bertha Alcalde ni qué fundamento legal permitió mantener a la niña bajo resguardo hasta que una prueba de ADN confirmó que Laura era su madre.

La postura oficial fue difundida este lunes 5 de octubre mientras Laura y Gabino se manifestaban frente a la sede principal de la Fiscalía, en la colonia Doctores, acompañados por integrantes de su comunidad, para exigir una explicación por la separación de su hija, una disculpa pública, reparación del daño y garantías de no repetición.

En una tarjeta informativa, la FGJCDMX sostuvo que el Hospital Pediátrico Peralvillo le notificó el caso el 29 de septiembre porque Laura acudió con su recién nacida, que había nacido cinco días antes en su domicilio.

El organismo colocó como motivo de su intervención la ausencia de una constancia de alumbramiento que no existía, justamente, porque la bebé había nacido fuera de una unidad médica: “Ninguna de las dos contaba con documentación oficial ni con constancia de alumbramiento”.

Y aseguró que esa falta documental le impidió acreditar de inmediato la identidad de la niña y su filiación materna, pero no explicó por qué una situación propia de un nacimiento en casa —y para la cual existen mecanismos específicos de verificación y registro— derivó en una investigación ministerial y en la separación de la recién nacida de sus padres por una semana.

Lo que sí reconoció, pero sin dar detalles, es que abrió una carpeta de investigación y dio intervención a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX).

También dijo que el 30 de septiembre personal pericial especializado en genética tomó muestras de Laura y de la bebé para realizar el estudio que determinaría su filiación. No mencionó quién ordenó esa diligencia ni bajo qué condiciones se practicó.

Tampoco identificó a la autoridad que decidió mantener a la bebé en el Hospital Pediátrico Peralvillo, pues solo refirió que, mientras se realizaban las diligencias, “se determinó que la recién nacida permaneciera temporalmente en el hospital”.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el hospital reportó el 3 de octubre que la niña estaba en condiciones de alta, aunque sus padres declararon en entrevista con Proceso que desde su ingreso al Hospital Pediátrico Peralvillo les informaron que se encontraba sana. La reunificación ocurrió hasta el día siguiente, cuando el dictamen genético confirmó que Laura era su madre.

Del parto en casa al Ministerio Público

Laura dio a luz en su domicilio el 24 de septiembre. De acuerdo con lo que ella y su esposo relataron, el parto ocurrió en casa y una amiga que se encontraba con Laura la ayudó a recibir a la bebé y cortar el cordón umbilical.

Como madre e hija se encontraban bien, la pareja permaneció en el domicilio durante los días siguientes para que la mujer se pudiera recuperar del parto.

El 28 de septiembre, llevaron a la recién nacida a un centro de salud para que recibiera sus primeras vacunas y se le practicara el tamiz neonatal. Ahí les solicitaron una hoja de alumbramiento que no tenían por tratarse de un nacimiento en casa y fueron remitidos directamente al Hospital Pediátrico Peralvillo.

Sus padres aseguran que en ese lugar les informaron que la bebé estaba sana, pero la niña quedó bajo resguardo y el caso pasó al Ministerio Público.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 59/7019/092026 y en ese proceso Laura y Gabino denunciaron que durante los primeros días ni siquiera tuvieron claridad sobre el procedimiento iniciado en su contra, por lo que buscaron apoyo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), que les proporcionó acompañamiento jurídico.

También acudieron al DIF CDMX, donde, según su testimonio, les indicaron que no existía un delito a perseguir.

Durante los siete días de separación, Laura solo pudo ver y amamantar a su hija durante los horarios de visita del hospital, de 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00 horas. La recién nacida permaneció bajo resguardo hasta la noche del 4 de octubre, cuando fue reintegrada con sus padres tras confirmarse mediante la prueba genética la filiación materna.

Al día siguiente, los padres afectados acudieron con integrantes de su comunidad a la Fiscalía para denunciar que el procedimiento había sido racista y discriminatorio.