Este martes, Sesión Extraordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de reforma al Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

La iniciativa plantea postergar de 2027 a 2028 la segunda etapa de la elecciónde personas juzgadoras, con el propósito de que se realice de manera coincidente con la elección judicial federal y evitar que en 2027 concurran en un mismo ejercicio los procesos electorales para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y la elección judicial. De acuerdo con la exposición de motivos, esta concurrencia podría comprometer la operatividad y eficacia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, además de representar un reto para la ciudadanía ante el número de candidaturas que participarían. 

La propuesta señala que esta modificación forma parte de un proceso de perfeccionamiento del modelo de elección directa de personas juzgadoras, a partir de la experiencia de la primera elección realizada en 2025. En este sentido, plantea ajustes en aspectos prácticos, logísticos y procedimentales, con el objetivo de brindar mayor claridad, información y certeza en las distintas etapas del proceso electoral judicial. 

Entre los cambios propuestos se encuentra establecer fechas precisas para diversas etapas. El Órgano de Administración Judicial deberá informar al Congreso del Estado, a más tardar el 15 de abril del año anterior a la elección, los cargos sujetos a elección y la información correspondiente, mientras que el Congreso deberá publicar la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial. Para el proceso de 2028, estos plazos corresponderían al 15 y 30 de abril de 2027, respectivamente. 

Tras su presentación, se instruyó la remisión de la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.