Fuente: PROCESO

Representantes del ejido Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, privaron de la libertad a José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, junto con otros ocho campesinos.

En entrevista telefónica con Apro, Manuel Jesús Hernández Collazo, tesorero del Comisariado, señaló que vecinos de Robledo Cruz vieron cuando lo subían a una Cheyenne blanca, con placas de circulación MU-8383-B del estado de Michoacán.

“La gobernadora Claudia Pavlovich ya tenía conocimiento de que su tío Rafael Pavlovich amenazó de muerte a Robledo Cruz, ya que los campesinos lo denunciaron y le llevaron escritos a su oficina exponiéndole el problema”, agregó.

Hernández mencionó que los ejidatarios identificaron a Luis Enrique Cruz Figueroa como uno de los pistoleros que “levantó” a Robledo Cruz, y quien trabaja para el tío de la mandataria sonorense en la custodia de la mina Dipolos.

Durante 17 años, la mina –propiedad de la estadunidense Penmont– despojó ilegalmente terrenos del ejido Bajío de Caborca para explotar oro. Después de un litigio los ejidatarios ganaron legalmente el pleito, por lo que deben recibir una indemnización millonaria.

No obstante, un juez del Tribunal Agrario de Hermosillo incluyó de manera ilegal a Rafael Pavlovich Durazo como ejidatario, y actualmente es quien resguarda la mina para su propio beneficio y de su familia, denunció Hernández Collazo.

Según el tesorero del ejido, después de que Robledo Cruz fue privado de la libertad, sus vecinos siguieron a tres camionetas en las que se llevaron al presidente del Comisariado y a los otros ocho ejidatarios, y se dirigieron hacia la mina Dipolos.

Señaló que los campesinos se mantuvieron a cierta distancia y pidieron apoyo a la guarnición del Ejército en Sonoyta, Sonora, que aseguró los apoyaría, pero después de ocho horas los militares dijeron que no era posible acudir al lugar.

“Mientras los vecinos esperaban el apoyo del Ejército, arribaron tres patrullas de la policía municipal de Caborca y cinco de la policía estatal en apoyo de los sicarios, amenazando a los campesinos con desaparecerlos”, destacó Hernández Collazo.

Los ejidatarios se mantuvieron en el lugar hasta que fueron rodeados por al menos 50 elementos y obligados a retirarse.

“El presidente y los ejidatarios continúan desaparecidos y los campesinos no se atreven a denunciar, pues las autoridades, lejos de servir a la población, trabajan para proteger a los delincuentes”, denunció el tesorero del ejido Bajío de Caborca.

Aseguró que en lugar de rescatar a las víctimas, los policías llegaron para proteger a los sicarios, y dejó en claro “que la señora gobernadora no es diferente a sus antecesores, ya que protege a sus familia de saqueadores”.