A dos años, recomienda CNDH al gobierno estatal por jubilados
3 de marzo - 2016

CNDH_tlax

Tlaxcala| Gerardo Orta.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 5/2016 hacía el gobierno del estado de Tlaxcala, debido a transgresiones a los derechos humanos de personas jubiladas, de las cuales dos de ellas son de la tercera edad.

La recomendación emitida también alcanza a Karina Edith Torres Vázquez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y en la que se justifican diversas violaciones a los derechos humanos.

En mayo de 2014, en las instalaciones de la JLCA, se registró un altercado en el que, de manera violenta, personal de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desalojó a un grupo de jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quienes solicitaron, entre otras cosas, una prima de antigüedad, y la conclusión de un juicio contra el ISSSTE.

De acuerdo a la recomendación, existieron violaciones al derecho humano de acceso a la justicia, violaciones a la integridad personal y al derecho a un trato digno, derivadas del uso excesivo de la fuerza pública.

También se advierten deficiencias en la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), alude responsabilidad de las autoridades y convoca a la reparación del daño.

La recomendación detalla los hechos en los que elementos policiacos actuaron de manera excesiva al rociar gas en contra de los manifestantes de aquella ocasión.

“Cabe destacar que de lo que se señala en los informes, así como del material videofilmado, se advirtió la presencia de un número desproporcionado de elementos policiacos con respecto al número de manifestantes y más aún respecto del número de personas que ingresaron a las instalaciones y al trato que recibieron por parte de dichos elementos”.

En uno de los puntos de la recomendación emitida, la instancia nacional establece que la posición de las autoridades debe orientarse a privilegiar el diálogo y, advierte, “tener como última opción el sometimiento o uso de la fuerza”.

En lo que respecta a la actuación de la CEDH a cargo de Francisco Mixcoatl Antonio, la instancia nacional establece que dicho órgano local tuvo conocimiento de los hechos desde el 28 de mayo de 2014, sin embargo, no recabó evidencias ni mucho menos instauró actas de los hechos, “por lo que no se actuó a cabalidad en apego a la normatividad que rige su actuación.”

“Se hace un exhorto al Organismo Local para que adopte las medidas que considere apropiadas, a fin de promover entre su personal, el conocimiento de la normatividad vigente, de fuente nacional e internacional, a favor de las personas adultas mayores”.

En lo que respecta a la recomendación para el gobernador Mariano González Zarur, la CNDH requiere al Ejecutivo para que gire instrucciones a quien corresponda a fin de reparar el daño ocasionado en contra de los involucrados.

Lo anterior, “en términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, y se 48/50 envíen a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.”

En tanto que la presidenta de la JLCA fue recomendada para concluir a la brevedad los juicios y laudos promovidos por los inconformes.

La recomendación fue girada por Luis Raúl González Pérez en su calidad de presidente de la CNDH, desde el pasado 26 de febrero de 2016.