–De igual forma, en esta acción fue aprehendida su esposa por el mismo delito.

Tlaxcala | Redacción.- A fin de garantizar el Estado de Derecho y dar cumplimiento a las instrucciones del mandatario estatal de abatir la impunidad, la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) aprehendió a Ascensión Bernardino García Canuto, presidente de comunidad de Las Torres, municipio de Españita, quien cuenta con un mandamiento judicial por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.

El proceso 247/2014 del Juez Primero del Distrito Judicial de Sánchez Piedras emanó de la Averiguación Previa radicada e integrada debidamente por el Agente del Ministerio Público, toda vez que García Canuto y su esposa Marcela Lozano Islas fueron denunciados.

Lo anterior, ya que el presidente de comunidad al igual que su pareja declararon como testigos dentro de una indagatoria, en la que dijeron que un sujeto era el propietario legítimo de un predio ubicado en el municipio de Españita; sin embargo, tras las indagatorias posteriores se conoció que la información vertida al fiscal era falsa, ya que el inmueble le pertenece a otra persona.

Por lo anterior, el Representante Social inició la indagatoria correspondiente en contra de Ascensión Bernardino García Canuto y Marcela Lozano Islas, ambos por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.

Por ello, el Juez de la causa obsequió la orden de aprehensión y los oficiales de la Policía de Investigación se abocaron a la localización de los probables responsables, quienes fueron ubicados y aprehendidos en las inmediaciones de la población de Las Torres, la mañana del 3 de febrero; asimismo, fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para que desde ahí enfrenten su proceso penal.

Estas acciones, se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para mantener el desarrollo de la entidad, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.