Por Edgardo Cabrera

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabeza Jakqueline Ordoñez Brasdefer se le hizo bolas el engrudo, ahora sabemos que su primera recomendación, la 01, tiene una serie de omisiones que advirtió el Instituto de Acceso a la Información Pública y que deberán aclarar.

El asunto no es menor, al estrenarse como presidenta del organismo, el 15 de julio citó a conferencia de prensa para dar a conocer la resolución de una queja promovida por la ex presidenta del IAIP, Marlene Alonso, en contra de los ex comisionados David Cabrera y Francisco Morones que data del año 2018, incluso, la denunciante fue colocada en aquella mesa del presídium como víctima, conclusión a la que llegó la CEDH. 

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, la negativa del instituto para aceptarla destapó la cloaca, lo que parecía correcto, resulta que es severamente cuestionado porque no se respetó el debido proceso, no se actualizó la causal, los acusados no fueron citados a comparecer tras la reactivación del expediente y, peor, Ordoñez se extralimitaría en sus funciones, asumió un papel sancionador que no le corresponde, se lee en los argumentos del rechazo a la recomendación.

De acuerdo con la contestación, a la cual tuve acceso, el organismo fundó y motivó su negativa de aceptar la recomendación, con lo que, vale decir, cumplen la norma en este tipo de procedimientos, algo que ya saben en el Congreso del estado.

Ahora bien, la ley establece que la instrucción del expediente de queja no podrá durar más de seis meses, “salvo acuerdo fundado del visitador que conozca del asunto y amplié el plazo”, algo que no demostraron los abogados de derechos humanos y así se exhibió en la contestación.

EL BILLETE

En la interpretación de la CEDH, se ordena al IAIP gestionar la reparación del daño y pérdidas económicas causadas a Marlene Alonso por las acciones de violencia en su contra cometidas presuntamente por David Cabrera y Francisco Morones; y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito que cuantifique el monto económico para la reparación, estiman en 4 millones de pesos ese agravio.

Y aquí, por cierto, libran de esa carga de la indemnización al Congreso local, que no hay que olvidar, fue la anterior legislatura la que desahogó un juicio político que concluyó en la remoción de Alonso, junto con los otros comisionados.

De entrada -se expone en la contestación- esa decisión soberana es inatacable legalmente, y para rematar, en el acuerdo reparatorio se pierde de vista que, hasta su remoción, el 18 de julio de 2019, Marlene cobró y ejerció como presidenta del IAIP, tan es así, que el gobierno de Marco Mena nunca dejó de remitirle a ella las ministraciones del organismo.

Por tanto, el cálculo tendría que ser a partir de esa fecha hasta el fin de su gestión (enero del 2024), pero, de nueva cuenta, el asunto es que su remoción se deriva de un juicio político.

Para rematar en todo esto, en la contestación del IAIP que, por cierto, ratificaron el 13 de octubre, argumentan que las recomendaciones públicas no son vinculatorias y precisan que fueron señalados los actuales comisionados como autoridades responsables y se les atribuye una conducta que afectó a los derechos humanos de la quejosa, cuando no es así, dijeron.

CALLADITOS

Ante todo, esto, la CEDH se replegó, pareciera que saben que las cosas no fueron como las pintaron, y en lugar de salir en hombros de la plaza con su primera recomendación, las rechiflas los hicieron agachar la cabeza.

Más que cuidar la forma y el fondo, ahora está en entredicho su actuación, hay quienes ya consideran que la presidenta del organismo actuó con consigna, lo peor, en lugar de hacerle un favor a la ex titular del IAIP, la metieron a una nueva disputa por la sospecha de tráfico de influencias en la actuación de la comisión.

El asunto seguirá dando de qué hablar, los amparos están a la orden del día y en el Congreso del estado poco podrán hacer para corregirle los yerros a Ordoñez, al tiempo.