Por Edgardo Cabrera

Hace tres años en las elecciones intermedias lo hicieron, ahora no podría ser distinto, el uso del garrote fiscalizador para alinear o cobrar revanchas a ediles, pero también, ante las traiciones, contra funcionarios y ex funcionarios chaqueteros que pretenden librar responsablidades con el manto protector de candidaturas al mudarse al proyecto de Ana Lilia Rivera.

Por ello no es extraño que la semana pasada los diputados locales aprobarán una reducción del margen de Daño Patrimonial, a la mitad de lo que tenían el año pasado, por lo que ahora los entes fiscalizables solo gozarán de 1.49 por ciento de inmunidad en las observaciones del total del gasto devengado.

Por ejemplo, si un alcalde ejerció 100 millones de pesos y no pudo justificar de forma adecuada 98.5 millones y le observan anomalías por millón y medio, será sujeto de reprobación, pero si logró comprobar 98.51 millones de pesos, la librará por un pelo.  

Así quedó establecido en los Parámetros para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que, autoridades municipales, funcionarios estatales, titulares de organismos autónomos, incluidas universidades como la UAT, y la propia presidenta del poder Judicial, de quien ya hablamos de sus titubeos políticos, fácilmente serán tronados.

En las elecciones intermedias del año 2024 Hildeberto Pérez, alias el “cachorro”, terminó encarcelado por anomalías en la cuenta pública de Zacatelco donde gobernaba, con él, trascendió, había otra decena de ediles rebeldes a quienes les tenían listas órdenes de aprehensión. Como resultado del garrote fiscalizador, el lorenismo se agandalló los 15 distritos electorales en disputa y la mayoría de las alcaldías. 

En el 2027, teniendo en juego la gubernatura, la cuenta pública 2025 será el instrumento para alinear o deshacerse de adversarios políticos, ya lo verá.  

TIMADOS

El movimiento de productores agrícolas que se consolidó en Nanacamilpa luego de la represión sufrida a manos del Estado que encabeza Cuéllar y rehenes de una campaña de desprestigio a manos del oficialismo, fueron timados, se veía venir, la triste historia no tiene palabra.

Las mesas de diálogo para la construcción de acuerdos en función de las demandas presentadas, comenzaron con el ahijado de Lorena y secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, y la de Impulso Agrícola, Gisela Lucero.  

A tres meses no hay claridad de nada, no han firmado ningún compromiso, tampoco disposición para ajustes presupuestales y atender las necesidades del campo y sus campesinos, es más, ahora van a las mesas segundones o tercerones sin capacidad de toma de decisiones.

La semana pasada, en lo que ya fue una burla, estuvo el ex titular de prensa de Cuéllar, Augusto Ramírez que, sepa qué puesto ocupa en la Secretaría de Gobierno y, ante el malestar por la falta solución, de forma altanera les gritó que “si querían, podían seguir haciendo movilizaciones o amenazar” luego de que advirtieran de la reactivación de protestas. En respuesta a la patanería, ese mismo día los agricultores cerraron el primer cuadro capitalino. Una más a la cuenta del hidalguense destituido de la coordinación estatal de comunicación.