Tres años después de la primera invasión armada al exrancho La Covadonga, la Fundación Julita y Antonio suma un segundo despojo de 3.9 hectáreas, mientras autoridades de Puebla y Tlaxcala mantienen omisión y complicidad. Jueces, notarios y funcionarios del Registro Público han validado documentos apócrifos y operado con impunidad, permitiendo que mafias inmobiliarias fraccionen y vendan el predio histórico.

Fuente: PROCESO

PUEBLA, Pue.– El mismo día que un grupo de choque conformado por más de 50 sujetos armados invadió de manera violenta 8.5 hectáreas del exrancho La Covadonga, Jesús González Schmal, representante legal de la Fundación Julita y Antonio, acudió ante la Fiscalía General del Estado a denunciar el despojo.

Tres años y tres meses después, la institución altruista no sólo sigue sin recuperar la posesión plena de ese inmueble, sino que el 9 de febrero de 2025 sufrió una segunda invasión de 3.9 hectáreas.

Este exrancho —originalmente de 57 hectáreas ubicadas al norte de la capital poblana, en los linderos con Tlaxcala— tiene una relevancia histórica para Puebla, pues en él se fundó en 1897 la fábrica textil La Covadonga, una de las 13 que se asentaron en los márgenes del río Atoyac y que impulsaron la industrialización de Puebla y de México.

Su prolongada invasión ha puesto en el ojo público presuntas mafias del despojo, en las cuales aparecen coludidos funcionarios del Registro Público de la Propiedad, notarios, autoridades ministeriales, jueces, abogados, empresarios y grupos delincuenciales, tanto de Puebla como de Tlaxcala.

Esas mafias, de acuerdo con González Schmal, se combinan con autoridades municipales, estatales y federales que se mantienen omisas e inoperantes ante la comisión de ilícitos y el incumplimiento de normativas, lo que, considera, genera una “impunidad institucionalizada” y convierte a Puebla en un paraíso para la operación de esos grupos delictivos.

Desde el 9 de abril de 2023, cuando ocurrió la primera invasión, recuerda el abogado, la Fundación Julita y Antonio presentó ante el Ministerio Público escrituras, comprobantes de predial, constancia catastral y planos de la Carta Urbana del municipio de Puebla que la acreditaban como propietaria del inmueble despojado.

Asimismo, un agricultor —quien con permiso de la institución sembraba maíz en esas tierras— rindió testimonio de cómo los invasores lo expulsaron a punta de pistola.

El abogado resume que es tal el cúmulo de irregularidades y de inacción de las autoridades que ya sospecha sobre si detrás habría el interés de alguien “de muy alto nivel del gobierno” por quedarse con los terrenos de La Covadonga, ubicados en una zona de alta demanda inmobiliaria.

Este no es un caso aislado. Puebla es la cuarta entidad del país con mayor incidencia del delito de despojo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en promedio se denuncian 4.4 casos diarios de ocupación ilegal de inmuebles en la entidad.

De Puebla a Tlaxcala

Abogados de Jorge MG, identificado como líder de los paracaidistas, acudieron en su representación ante el Ministerio Público y, para justificar su acción, presentaron dos hojas en copia fotostática de un acta notarial de Tlaxcala sobre un supuesto derecho obtenido por usucapión de un predio en el municipio poblano de Cuautlancingo.

Al margen de la cuestionable validez jurídica de esas fotocopias, González Schmal menciona que desde ese primer momento existía un hecho incontrovertible: el inmueble invadido no estaba en Cuautlancingo, sino en el municipio de Puebla.

Existen investigaciones historiográficas sobre la conformación del corredor industrial textil que documentan que la fábrica La Covadonga —que hasta la fecha opera con el nombre de Telas El Asturcon— se instaló en la capital poblana.

En 1954 la empresa fue adquirida por la familia Del Valle y, tras el fallecimiento de Julita y Antonio en 2004, sus propietarios donaron 12.8 hectáreas del rancho a la fundación que lleva sus nombres, con la encomienda de destinarlas a un beneficio social.

En otra subdivisión del rancho se creó la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza para los obreros de La Covadonga. Los vecinos actuales pagan impuestos y reciben servicios del municipio de Puebla y hasta ahora no había ninguna controversia de límites en esa zona.

“Nadie pondría en duda que La Covadonga está en el municipio de Puebla”, subraya el abogado, quien considera que desde ese momento existía una confesión que incriminaba a Jorge MG, pues acreditó derechos sobre La Covadonga con un documento correspondiente a Cuautlancingo.

Sin embargo, agrega, el Ministerio Público admitió el reclamo del invasor sobre el inmueble en vez de turnarlo al juez o promover una conciliación que incluyera la devolución de la propiedad, lo que le hace sospechar que la autoridad “recibió alguna orden superior o que obtuvo algún beneficio económico”.

Además, la representación social negó el aseguramiento del predio, lo que permitió que los invasores fraccionaran el terreno y vendieran lotes a decenas de familias, con la complicidad de servidores del Instituto Registral y Catastral de Puebla, quienes emitieron documentos como si el inmueble estuviera en Cuautlancingo.

Cuando esa maniobra quedó al descubierto, cambiaron la estrategia mediante contratos de compraventa protocolizados por notarios de Tlaxcala, que ubicaban los lotes en el municipio tlaxcalteca de Tenancingo.

Actualmente, la empresa Agua Inmaculada, S.A. de C.V., ocupa una fracción del terreno invadido, amparada en escrituras que presentan presuntas irregularidades. También se presume que facilitó a los invasores agua, electricidad y la construcción de un drenaje clandestino.

Doble invasión, doble impunidad

González Schmal sostiene que lo que desde un principio se configuraba claramente como un delito de despojo fue desvirtuado hacia un falso conflicto entre particulares porque las autoridades “de manera inexplicable” dieron valor a documentos apócrifos. Esto, asegura, complicó el caso y generó más víctimas al no actuar cuando los invasores cometieron otros delitos, como la creación de la colonia irregular La Esperanza.

El también exdiputado federal afirma estar sorprendido por la ingobernabilidad que, a su juicio, prevalece en Puebla.

“Tengo más de 60 años litigando, he sido legislador y servidor público, y nunca había contemplado un estado tan desastroso como el que tristemente me ha tocado ver hoy en Puebla. No hay quien haga cumplir la ley; el delincuente lo único que tiene que hacer es traer dinero en la bolsa para que nadie lo toque”, menciona.

Al Ministerio Público le llevó más de 11 meses lograr que el Instituto Registral y Catastral de Puebla confirmara que el antecedente del folio inmobiliario 204793-1, correspondiente al predio rústico San Juan Tulcingo, de Almecatla, Cuautlancingo, con el que Jorge MG reclamó derechos sobre La Covadonga, en realidad correspondía a una casa ubicada en la avenida Miguel Alemán de ese mismo municipio.

Hasta finales de marzo de 2024, con la confirmación del documento apócrifo, el Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación; sin embargo, el juez Enrique López Criollo sobreseyó la causa al señalar que tenía dudas sobre la ubicación del inmueble, pues la antigua carretera Puebla-Tlaxcala ahora se llama Emilio Carranza.

Esto ocurrió pese a que la carpeta incluía un peritaje topográfico realizado por la Fiscalía que confirma que el inmueble se ubica en el municipio de Puebla y coincide con las escrituras de la Fundación Julita y Antonio.

González Schmal relata que la única forma en que han logrado avances ha sido mediante amparos federales. Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Décimo Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla emitir un nuevo fallo considerando las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

El 5 de febrero, casi tres años después de la primera invasión, Jorge MG fue vinculado a proceso por despojo y delitos contra el ordenamiento del desarrollo urbano por la venta de lotes irregulares, aunque a petición de su defensa el caso fue nuevamente turnado al juez López Criollo.

El 21 de mayo, el juez dictó medidas cautelares en su contra, entre ellas una fianza de 10 mil pesos.

Antes de ello, cuando estaban por cumplirse dos años de la primera invasión, un nuevo grupo de choque ocupó por la fuerza otro predio del mismo exrancho. En esa ocasión golpearon y privaron de la libertad a dos policías auxiliares que vigilaban la propiedad, abandonándolos posteriormente en Tlaxcala.

En este caso, quien encabezó al grupo fue identificado como José Guadalupe, alias “El More”, aunque González Schmal afirma tener indicios de que ambos grupos invasores están relacionados.

Nuevamente, al Ministerio Público le tomó casi un año judicializar la carpeta de investigación. El 22 de junio debía celebrarse la audiencia inicial, pero Guadalupe N no acudió y presentó una constancia médica que fue admitida por el juez Salvador Hernández, pese a que posteriormente se confirmó que la firma del médico había sido falsificada.

Paralelamente a la denuncia penal, vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza solicitaron en marzo de 2024 que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del municipio de Puebla ejerciera sus facultades para demoler las edificaciones levantadas en el terreno invadido por carecer de permisos de uso de suelo y licencias de construcción.

La administración municipal anterior ordenó la demolición de las obras clandestinas, pero los operativos no se concretaron. Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por José Chedraui, la titular de la dependencia, Karina Romero, se negó a cumplir con los acuerdos.

Nuevamente se promovió un amparo y un juez ordenó atender la denuncia ciudadana.

El 19 de julio de 2025, con apoyo de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal, se inició la demolición de las construcciones, pero los trabajos se detuvieron cuando registraban un avance de aproximadamente 80%, luego de que un representante de la empresa Agua Inmaculada afirmó contar con un amparo.

Un grupo de compradores de terrenos intentó obtener también un amparo para frenar la demolición, pero el recurso fue negado porque argumentaron que los lotes estaban ubicados en Tenancingo, mientras que el juez corroboró que se encontraban en territorio poblano.

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