Por Juan Manuel Cambrón Soria

La diferencia fundamental entre un ciudadano con valores democráticos y otro que se conduce con ínfulas autoritarias, está en la forma en que ejerce responsabilidades públicas. Para el primero, las instituciones por ser públicas pertenecen a todos los ciudadanos. Para el segundo, el aparato del gobierno termina convertido en una extensión de la organización política de la que emana.

La diferencia parece sutil, pero es una de las fronteras más importantes que debe existir en cualquier democracia constitucional.  Esa es la razón por la que la Constitución mexicana dedica un artículo completo —el 134— a recordar una regla elemental: los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y jamás utilizarse para influir en la competencia entre los partidos políticos.

No es una recomendación ética, es una obligación constitucional, que no nació por casualidad.  Fue la respuesta institucional a décadas en las que el gobierno, el partido oficial y el Estado eran prácticamente la misma cosa. Durante muchos años, el partido gobernante utilizó recursos públicos, medios oficiales, programas sociales y la estructura gubernamental para competir con una ventaja imposible de alcanzar para cualquier oposición.  La transición democrática buscó precisamente romper esa confusión.

Por eso resulta preocupante lo ocurrido recientemente en Tlaxcala.  Durante una conferencia oficial del Gobierno del Estado, organizada con recursos públicos y transmitida por canales institucionales, el Coordinador General de Comunicación Social, Antonio Martínez decidió abandonar su papel de portavoz gubernamental para convertirse, durante varios minutos, en comentarista político. No informó sobre programas públicos, obras o acciones de gobierno, se dedicó a calificar a un partido político, descalificar a sus dirigentes, cuestionar su historia, minimizar su presencia electoral y, simultáneamente, exaltar las virtudes del partido gobernante, al que por cierto pertenece.

Es ahí donde radica el problema, no porque las críticas deban prohibirse, en una democracia, la crítica es indispensable; sino porque resulta incompatible con un régimen constitucional que esas críticas provengan del propio aparato del Estado. Un ciudadano puede opinar lo que quiera; un dirigente partidista también; un periodista, un académico o un analista político tienen absoluta libertad para hacerlo. Pero, un servidor público tiene límites que no tienen los demás ciudadanos, precisamente porque ejerce una función pública.

Maurice Duverger sostenía que los partidos políticos son piezas esenciales del pluralismo democrático porque canalizan distintas visiones de la sociedad y permiten la competencia por el poder. Si el propio gobierno utiliza su posición institucional para desacreditar a uno de esos competidores, deja de actuar como árbitro imparcial y se convierte en jugador y eso termina por romper el equilibrio democrático.

Giovanni Sartori advertía que la democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones periódicas, sino en garantizar condiciones reales de competencia. La igualdad entre los contendientes no depende solamente del día de la votación; comienza mucho antes, cuando el Estado decide mantenerse neutral frente a quienes compiten por el respaldo ciudadano.

Es por ello, que debatir desde una tribuna partidista es una cosa, y otra muy distinta es hacerlo desde el púlpito mañanero región cuatro, con presupuesto público.  La gravedad del asunto tampoco radica exclusivamente en las expresiones utilizadas, en política no se puede tener la piel sensible, el problema es el escenario desde el cual fueron pronunciadas.  El vocero se desvía de su responsabilidad constitucional, por ignorancia y conveniencia, utilizando la conferencia del gobierno para favorecer una narrativa política y desacreditar otra, el ciudadano deja de recibir información pública para convertirse en destinatario de propaganda financiada por sus propios impuestos.

Las reglas democráticas no existen para proteger a un partido político, existen para proteger el derecho de todos los ciudadanos y fuerzas políticas a competir en condiciones de igualdad frente al poder.  Es ahí donde el vocero ha desviado su camino, dice ser de izquierda, pero se comporta como un facho de derecha, intolerante, autoritario, abusivo mientras ostenta el poder; alejándose de cualquier bastión democrático que alguna vez se le haya cruzado en el camino.  Pobre Tlaxcala, en medio de foráneos soberbios y oriundos incompetentes.

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