Una jueza penal de Coahuila desestimó denuncias contra Roberto N, funcionario del Registro Público de la Propiedad, señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a al menos cuatro niñas de su círculo familiar, pese a testimonios y criterios de la Suprema Corte.

Fuente: PROCESO

SALTILLO, Coah. (Proceso).- Una jueza penal de esta entidad ha desestimado denuncias contra un funcionario del gobierno del estado que es señalado como presunto responsable de agredir sexualmente al menos a cuatro niñas, dos de ellas actualmente mayores de 18 años, de su círculo familiar.

Su expareja ha denunciado una posible protección y la violencia institucional de instancias que han intervenido en los procesos de denuncia que se han efectuado contra Roberto N, funcionario del Registro Público de la Propiedad del estado.

Pese a los antecedentes y disposiciones legales, la jueza Sandra Ramona Juárez rechazó vincular a proceso a Roberto, a quien dentro de la causa penal 255/2026 se le señala como presunto responsable del delito sexual contra dos niñas; en el desahogo se presentó el testimonio de una de las dos hijastras de su primer matrimonio, que aseguró que ella y su hermana sufrieron algo similar cuando vivieron con el supuesto agresor.

En este último caso, la mayor de ellas lo denunció en 2021, pero la carpeta no se judicializó. La otra hermana, hoy adulta también, decidió presentar su testimonio para evitar que haya más víctimas por parte del sujeto, pero la jueza desestimó su testimonio, pese al criterio establecido por la Suprema Corte que busca proteger a las víctimas de delitos sexuales ocurridos durante la infancia o adolescencia.

Al funcionario se le señala por el presunto abuso sexual de una menor de 13 años, hermana de su expareja Yoselin Guadalupe Contreras García. La mujer explicó que su otra hija, de 9 años, refiere haber sido víctima de tocamientos por su padrastro, pero su caso no fue considerado por la jueza porque personal del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo y de la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (Pronnif) determinaron que no aportó “detalles de tiempo y espacio”.

Yoselin considera que la resolución de la jueza es parte de la violencia institucional provocada por la protección que tiene el funcionario estatal, quien le aseguraba que nadie lo iba a sancionar, por lo que pedía dejar las “demanditas pendejas”.

La fiscal de las Mujeres en Coahuila, Katty Salinas, se ha negado a opinar sobre el caso de las cuatro supuestas víctimas y la resolución de la jueza que deja sin acceso a la justicia a las jóvenes que fueron agredidas cuando eran menores de edad.

El presidente del Poder Judicial en la entidad, Miguel Felipe Mery Ayup, salió en defensa de la jueza y afirmó que la representación legal de las víctimas puede impugnar la resolución.

“Todos los asuntos tienen sus recursos. Ninguno de mis jueces actúa en contra de norma expresa; si lo hiciera, pues está en riesgo su cargo, pero no tiene ninguna intención de ayudar a una persona. También hay que ver cómo se presentaron los hechos en la carpeta, qué se vertió durante las audiencias dentro de este juicio y las víctimas están en todo su derecho. Aquí en Coahuila cuidamos a las niñas y a los niños”, afirmó.

En la audiencia del pasado 15 de junio la jueza determinó no vincular a proceso a Roberto, por lo que la defensa de la hermana de Yoselin presentó la apelación. En unas pocas horas la jueza desestimó parte de las pruebas que se presentaron, sólo sobre el caso de la hermana menor, incluyendo los dictámenes psicológicos y la declaración de la hoy adolescente, además de los señalamientos de una tercera víctima que narra situaciones similares de abuso.

“Las y los jueces actúan conforme a derecho y las víctimas tienen todos los recursos abiertos para presentarlos porque no hay más que imparcialidad y apego a la legalidad con respecto a los procesos”, reiteró Miguel Mery Ayup, quien se refirió al caso como uno más que se ha mediatizado.

Sin embargo, las jóvenes que fueron abusadas años atrás mantienen su dicho y una de ellas decidió colaborar, aunque encontró de nueva cuenta la protección hacia el funcionario público, de acuerdo con su denuncia.

Nuevos casos

De acuerdo con la relatoría de hechos, la relación de Yoselin Contreras con el presunto responsable inició cuando ella contaba con 19 años y él era 20 años mayor. Su situación de calle, madre soltera de una niña de tres años y con una familia envuelta en el consumo de drogas la orilló a aceptar la relación, pero según su testimonio, el funcionario la mantuvo encerrada y vigilada con cámaras.

Tras un embarazo fallido, luego dio a luz a cuates y se hizo cargo de su hermana y hermano, que hoy tienen 13 y 11 años.

Fue la hermana de Roberto quien, en agosto de 2025, señaló el presunto abuso sexual.

Roberto afirmó que la acusación era una venganza porque él heredó prácticamente los bienes de su madre fallecida.

Yoselin refiere como ejemplos de violencia institucional y una presunta protección a Roberto las evasivas y el maltrato que dice haber recibido de Iván Sánchez Mercado, de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales contra Niños y Niñas de la Pronnif, quien no atendió debidamente las denuncias; el extravío del expediente de violencia psicológica y económica que presentó en el Centro de Empoderamiento de la Mujer; el acoso policiaco en la casa de su madre, así como que le quitaran por varios días a sus otros hijos y la detención de uno de sus hermanos al que acusaron de un supuesto robo.

“Yo le dije a mi mamá que Roberto estaba cumpliendo lo que me dijo de atacar a mi familia y que nadie me iba a hacer caso. Sí lo está cumpliendo”, señaló.