Columna Invitada

El discurso de regeneración moral que llevó a Morena al poder empieza a desmoronarse cuando se confronta con la realidad de algunos gobiernos emanados del propio movimiento. En Tlaxcala, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros parece empeñado en convertirse en ejemplo de todo aquello que la Cuarta Transformación prometió combatir: corrupción, nepotismo y abuso del poder público.
El caso más reciente, y tan solo el más reciente, tiene que ver con las llamadas “Cabinas de Auxilio”, presentadas como una estrategia de atención ciudadana y reacción ante emergencias. Más allá de la utilidad que pudieran tener, que hasta ahora no las han tenido, lo verdaderamente escandaloso es el costo.

De acuerdo con distintas versiones oficiales y reportes públicos, la inversión para entre nueve y diez cabinas oscila entre los 10 y 12 millones de pesos. Es decir, cada estructura habría costado entre un millón y 1.3 millones de pesos. ¿De verdad eso cuesta una cabina de emergencia en un estado con enormes carencias en salud, seguridad e infraestructura? Y peor aún: ¿quién supervisó la adjudicación, la compra y la ejecución del proyecto?

Pero la corrupción no está sola en Tlaxcala. Casi siempre camina de la mano del nepotismo.
Por más que el coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez, intente negar lo evidente, la realidad termina imponiéndose. Ahí está el cuñado de la gobernadora, Fabricio Mena, despachando en la Secretaría de Turismo. Ahí está también Antonio Ramírez Hernández, identificado públicamente como ahijado político de la mandataria, ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobierno. Y ahí están también sus hijas, una en el DIF Estatal y otra en la Secretaría del Bienestar.

El problema es que Morena llegó al poder prometiendo erradicar precisamente esas prácticas: el influyentismo, los privilegios y el reparto del gobierno entre cercanos.

Por eso resultan especialmente incómodas —y oportunas— las recientes declaraciones de Ariadna Montiel Reyes en la presidencia nacional de Morena, quien el domingo lanzó un mensaje que claramente no solo iba dirigido a quienes aspiran a candidaturas rumbo a 2027, sino también a las y los actuales gobernadores emanados del movimiento.

“Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas”, sentenció. Pero fue todavía más lejos al advertir que el nepotismo, el clasismo y el racismo deben quedar desterrados definitivamente de la gestión pública.
El mensaje es contundente porque exhibe una contradicción cada vez más evidente dentro de Morena, de manera particular de una gobernadora que, en realidad, no pertenece al Movimiento, sino viejo priismo que no ha muerto.

La dirigencia nacional intenta recuperar el discurso ético y moral que dio origen al movimiento, pero algunos gobiernos locales parecen haber adoptado exactamente los vicios del viejo régimen. Tlaxcala es hoy un ejemplo de ello.

El poder ha sido utilizado para beneficiar a familiares, para construir grupos cerrados y para ejecutar programas con costos difíciles de justificar. En esa circunstancia, el discurso de transformación ha perdido credibilidad en el caso de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Además, cuando se pretende heredar el poder mediante la imposición de un “delfín” político, como es el caso del alcalde Alfonso Sánchez García, la ciudadanía tiene derecho a reprochar y a inconformarse, como lo ha hecho, cuando evalúa a su gobernante. Las encuestas serias así lo evidencian.
¿Para eso quieren continuidad? Que la dirigencia nacional de Morena no lo permita. Faltaba más.

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Gentetlx