Columna Invitada

En política, la credibilidad se construye con congruencia. Cuando el discurso público contradice las acciones privadas, la autoridad moral se evapora. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la dirigente estatal de Marcela González Castillo al frente de Morena en Tlaxcala.

Hacia afuera, la presidenta morenista emite llamados tibios a respetar las reglas del proceso interno rumbo a la candidatura al gobierno del estado. Habla de orden, de institucionalidad y de disciplina partidista. Pero hacia adentro, la realidad que se vive en la militancia es otra: la estructura partidista ha sido utilizada sistemáticamente para favorecer las aspiraciones de su esposo, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García.

No se trata de rumores ni de interpretaciones malintencionadas. Es un hecho ampliamente comentado en los círculos políticos de Tlaxcala y percibido por la propia militancia: la dirigencia estatal ha dejado de comportarse como árbitro del proceso interno para convertirse en promotora de un proyecto político familiar.

La incongruencia resulta aún más evidente si se observa el contexto nacional. El Consejo Nacional de Morena aprobó recientemente lineamientos para frenar los actos anticipados de campaña. Entre las conductas prohibidas se encuentran la colocación de espectaculares, la promoción personalizada y la utilización de recursos o programas con fines de posicionamiento político.

Las reglas son claras. Pero también chocan frontalmente con la estrategia que el alcalde capitalino viene desplegando desde hace meses.

Las bardas pintadas, los espectaculares y la presencia publicitaria que promueve la figura de Sánchez García han sido visibles en distintos puntos del estado. Ante el cuestionamiento público, el alcalde optó por deslindarse de esos anuncios y anunció incluso que presentaría denuncias por el uso indebido de su nombre e imagen. Sin embargo, hasta ahora no se conoce públicamente que dichas denuncias hayan sido interpuestas. El deslinde quedó en declaración mediática.

Mientras tanto, esos anuncios han cumplido su propósito: posicionarlo anticipadamente dentro de la conversación política rumbo a la sucesión estatal. Un posicionamiento que, además, se ha acompañado de presiones y movilizaciones dentro de la llamada “burocracia dorada”, utilizada como base de apoyo político. Todo esto ocurre bajo la mirada y el silencio de la dirigencia estatal del partido que encabeza su esposa.

El problema no es menor. Morena llegó al poder prometiendo una forma distinta de hacer política: sin privilegios, sin influyentismo y sin el uso patrimonialista de las instituciones. Esa promesa fue central en el discurso que impulsó el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso resulta particularmente grave que en Tlaxcala se reproduzcan prácticas que recuerdan justamente aquello que Morena prometió erradicar.

Cuando la dirigencia partidista tiene vínculos familiares directos con uno de los aspirantes más visibles a la candidatura, el mínimo principio de ética política exige una cosa: apartarse del cargo. No hacerlo coloca a todo el proceso interno bajo sospecha.

La continuidad de Marcela González al frente del partido mientras su esposo busca posicionarse como candidato no fortalece a Morena; lo debilita. Alimenta la percepción de favoritismo, erosiona la confianza de la militancia y abre la puerta a cuestionamientos que pueden lastimar al partido de cara al proceso electoral.

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