Columna Invitada

La llegada el domingo de Ariadna Montiel a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no debe verse como un simple relevo administrativo. Debería ser el punto de inflexión para corregir desviaciones internas que amenazan con erosionar la credibilidad del partido rumbo a 2027. No hay margen para la simulación.

Gobernar el partido más poderoso del país implica, necesariamente, ordenar la casa. Y ese orden no puede ser selectivo.

Morena enfrentará elecciones para renovar gubernaturas en 17 entidades federativas, un reto que exige disciplina, reglas claras y, sobre todo, imparcialidad en la conducción partidista. Sin esos elementos, cualquier discurso de transformación se diluye en prácticas que el propio movimiento prometió desterrar.
Para decirlo claro: Tlaxcala es un caso emblemático de lo que no puede seguir ocurriendo.

Poner orden tiene nombre y apellido: implica la salida de Marcela González Castillo de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. ¿Por qué? Porque en el estado existe un problema estructural de conflicto de interés que, a estas alturas, resulta insostenible.

La dirigente estatal es esposa del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, quien además es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura para suceder a Lorena Cuéllar Cisneros. Más aún, es ampliamente señalado como el perfil favorecido desde el poder estatal.

En cualquier sistema democrático mínimamente funcional, esta situación encendería alertas inmediatas. En Morena, hasta ahora, ha prevalecido el silencio.

¿Puede alguien sostener seriamente que existe imparcialidad en la conducción del partido en Tlaxcala bajo estas condiciones? La pregunta es el núcleo del problema. No se trata únicamente de percepciones, sino de prácticas que, según diversas voces internas, incluyen la emisión de instrucciones desde la dirigencia estatal hacia funcionarios de distintos niveles y poderes para favorecer un proyecto político específico. Es decir, estamos frente a una distorsión grave del proceso interno.

Más preocupante aún es la ausencia de un deslinde público. No existe, hasta ahora, un pronunciamiento claro de la dirigencia estatal dirigido a la militancia y simpatizantes del propio alcalde para marcar una línea de separación que garantice equidad. Por el contrario, la omisión refuerza la sospecha de que el partido en Tlaxcala opera como una extensión de intereses personales.

El costo político no es menor: Morena no sólo arriesga su competitividad electoral, sino también su narrativa ética. No puede exigir legalidad hacia afuera mientras tolera parcialidad hacia adentro.

En ese contexto, la actuación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha sido, por decir lo menos, irrelevante. La falta de intervención efectiva frente a posibles actos anticipados o inequidad en la contienda interna abona a un clima de permisividad que beneficia a quienes ya detentan posiciones de poder.

Por eso, la decisión que debe tomar Ariadna Montiel no es cómoda, pero sí indispensable. Significa cortar de raíz cualquier condición que vulnere la equidad.
La permanencia de Marcela González Castillo al frente del partido estatal es políticamente insostenible y da, además, un mensaje equivocado a la militancia y a la ciudadanía. Es decirles que las reglas pueden torcerse cuando conviene. Por eso, en Tlaxcala la congruencia está a prueba.

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