Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum la presumió -junto a los otros cuatro integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial propuestos por el Ejecutivo- como distinguidos especialistas con buenos antecedentes “de profesionalismo y honestidad”, la tlaxcalteca Mary Cruz Cortés Ornelas arrastra señalamientos de un mal desempeño cuando fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) entre febrero de 2022 y enero de 2024.

La semana pasada la jefa de la nación dio a conocer a la quinteta de especialistas del derecho del referido comité de evaluación que se encargará tanto de la publicación de la convocatoria, como de la inscripción y la selección de postulaciones de candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Entre esos nombramientos -que, supuestamente, “garantizan la objetividad e imparcialidad en el delicado proceso que se les encomienda”- sorprendió la inclusión de la abogada tlaxcalteca, a quien el gobierno de México, a través de su sitio web, la presumió como una profesional con estudios de maestría en Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT). https://www.gob.mx/presidencia/documentos/mary-cruz-cortes-ornelas

Sin embargo, en la página web del Registro Nacional de Profesionistas -consultado la noche del domingo 3 de noviembre de 2024- esa mujer no aparece con cédula de dicho grado académico.

Solo hay información relativa a que cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuyo título lo obtuvo en el año 2003. También existe el dato de que es técnica en Computación Fiscal Contable que estudió en el Cbtis 212 (del municipio de Tetla) y cuyo título consiguió en 1996.

BONOS POR GUARDIAS, AVIADORES, CAMIONETA DE LUJO…

Después de ser impuesta por el entonces gobernador priista Mariano González Zarur como magistrada del Poder Judicial de Tlaxcala, en febrero de 2022 Mary Cruz Cortés asumió la presidencia del TSJE, cargo que dejó hasta enero de 2024.

De acuerdo con los resultados de una auditoría realizada al ejercicio de 2022 por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), como titular del TSJE autorizó la compra a sobreprecio de 3 mil 500 cubrebocas KN95 por un monto de 12 mil 800 pesos. La diferencia detectada -basada en otras adquisiciones que realizó el mismo Poder Judicial con otros proveedores que ofertaron el mismo producto a menor costo- fue de 103 mil 530 pesos.

Otra anomalía detectada fue el pago de actualizaciones y recargos derivados de la revisión al Impuesto Sobre la Renta (ISR) “retenido por pago de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 21 millones 343 mil 445.00 pesos (…) no obstante, los pagos son improcedentes, toda vez que las retenciones de impuestos federales debieron ser enteradas oportunamente, en el ejercicio fiscal 2017, a fin de evitar el pago de estos accesorios, que no se justifican realizar con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”.

En la revisión del periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre, el OFS detectó que “el pago de nóminas correspondientes a guardias del ejercicio 2022”, a diversos funcionarios por un total de 465 mil 119.77 pesos. Entre los beneficiados figuran lo mismo integrantes del Consejo de la Judicatura, que jefes de departamento, directores y hasta la secretaria particular.

En esa lista, en su carácter de presidenta del TSJE aparece con dos pagos Mary Cruz Cortés: uno cobrado en agosto de ese año por la cantidad de 22 mil 765.05 pesos, y otro recibido en diciembre por 44 mil 486.94 pesos.

“Sin embargo, estas prestaciones no se encuentran autorizadas en el tabulador de personal de mandos medios y superiores, ni en el tabulador de personal operativo, publicados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022”, concluyó el OFS.

También se detectó que la presidenta magistrada habría tolerado la existencia de al menos un presunto “aviador”: Luis Miguel Ordóñez Pérez, quien en el Poder Judicial fungía como jefe de sección por lo que cobró un total de 159 mil 613.42 pesos entre enero y julio de 2022; y en ese mismo lapso, se embolsó la cantidad de 86 mil 372.11 pesos por su puesto de auxiliar técnica A en la Oficialía Mayor de Gobierno de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

El 4 de agosto y el 26 de septiembre de 2022, Cortés Ornelas autorizó la compra de sanitizante por un total de 12 mil 620.80 pesos a la proveedora Adriana Jordán Hernández, quien no contaba con la actividad económica para la venta de ese tipo de bienes, “ya que el 70 % corresponde a comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, y 30 % a agencias de publicidad”.

Como si se tratara de un “regalo de navidad”, el 19 de diciembre de ese mismo año, avaló la erogación de 1 millón 649 mil 100 pesos -mediante transferencia electrónica número 34186HH00VQS- a favor del proveedor Rivera S.A. de C.V. “por la adquisición de un vehículo marca Ford Expedition Limited Max 4×2 modelo 2022, identificado con número de serie 1FMJK1KT2NEA54191”.

El vehículo -adquirido para uso personal de la entonces presidenta del TSJE- fue observado por el OFS como un “bien considerado de lujo”, cuya compra no se apegó “a lo establecido en los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022.

En un intento por justificar el gasto referido, el Poder Judicial respondió el 15 de mayo de 2023 con una copia certificada del oficio SECJ/1999/2022, mediante el cual se autoriza por parte del Consejo de la Judicatura del Estado la compra de la camioneta, y también envió el acta 79/2022 de la sesión extraordinaria privada del Consejo de la Judicatura “en funciones de Comité de Adquisiciones de fecha 17 de noviembre de 2022; sin embargo, la unidad adquirida es considerada una unidad de lujo, contraviniendo con lo establecido en sus lineamientos”.

Otra observación detectada a la cuenta pública de 2022 fue que “las finanzas del fondo auxiliar para la impartición de justicia muestran que tienen un déficit contable por 10 millones 081 mil 831.89 pesos, el cual se originó por préstamos otorgados al Tribunal Superior de Justicia para el pago de prestaciones de fin de año en administraciones pasadas, los cuales no fueron reintegrados”.

Durante su segundo año como presidenta del TSJE, en 2023 a Mary Cruz Cortés Ornelas el OFS le observó la adquisición a sobreprecio de dos duplicadores de la marca Ricoh, modelo DX2330, que “imprime hasta 60 a 90 PPM, tamaño carta y oficio, semiautomática, bandeja de alimentación de papel de 500 hojas, bandeja de salida 500 hojas, combinación de dos originales y conexión con equipo de cómputo”.

El pago por 249 mil 427.84 pesos efectuado a Saneri S.A. de C.V. fue considerado 48.3 % más alto, ya que “al realizar cotización con otro proveedor que oferta los mismos bienes, se detectó que los precios a los cuales fueron adquiridos los duplicadores son superiores a los del mercado por 120 mil 381.84 pesos”.

DESCONOCIMIENTO

A finales de enero pasado, Mary Cruz Cortés Ornelas compareció ante el Congreso local, como parte de la glosa de su informe de labores correspondiente al año 2023.

El periodista Juan Luis Cruz consignó en La Jornada de Oriente que “diputados le recriminaron el subejercicio de cerca de 80 millones de pesos en su presupuesto, así como la constante revocación de resoluciones en algunos juzgados y su proclividad hacia la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros”. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/informe-cosmetico-el-del-tsje-cortes-reconoce-desconocer-temas-torales-de-la-administracion-de-justicia/

Según la nota publicada el 30 de enero en ese diario, “cuestionada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ever Alejandro Campech, respecto al número de procesos instaurados en contra de ex funcionarios municipales por la no aprobación de su cuenta pública, la presidenta del Poder Judicial respondió no con exactitud esos datos”.

“No tengo el número exacto, pero hace algunas semanas teníamos alrededor de 45 asuntos, justamente por el delito de peculado u otros… no tengo números exactos diputados”, les respondió la hoy integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo mismo ocurrió cuando el perredista Juan Manuel Cambrón Soria evidenció que existe, al cierre del año fiscal 2023, un subejercicio de recursos de 79 millones 756 mil pesos, que representa prácticamente el 18 por ciento del total del presupuesto de esa anualidad, a lo que la magistrada quiso matizar y terminó por reconocer que desconocía de manera específica las razones de éste”, escribió el reportero.

Aquella ocasión, el entonces diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez reprochó a Cortés Ornelas “que hay un alto porcentaje de resoluciones, más de las que existe en la media nacional, emitidas por algunos juzgados, lo que evidenciaría algunas fallas, a lo que, nuevamente, la presidenta del TSJE no supo responder ni justificar”.