Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros publicó con errores el acuerdo por el que se emite el Protocolo de Actuación para la Protección de Candidatos en el Proceso Electoral. El documento fue incluido en la sexta sección del número 18 del Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de mayo de 2024.

En el glosario, se define al OPL como “el Instituto Electoral del estado, organismo público local dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones y profesional en su desempeño, de carácter permanente, al que se le encomienda la función estatal de organizar las elecciones locales en el Estado de Puebla; es decir, la elección de gobernador del estado, diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos”.

Aparte de esos errores garrafales -porque el protocolo es para quienes aspiran a un cargo en Tlaxcala, y además en este proceso en el estado no se elegirá gobernador-, en la definición referida no se incluye a las presidencias de comunidad.

El yerro llama la atención porque, de manera contradictoria, según lo establecido en el referido acuerdo, “el ITE (Instituto Tlaxcalteca de Elecciones) será el encargado de recibir la solicitud de protección de los candidatos debidamente registrados, la cual podrá recibirse de manera escrita o verbal”.

Es decir, no hay claridad respecto de qué autoridad será responsable de recibir esas peticiones de protección, si corresponderá al organismo electoral de Puebla o al de Tlaxcala.

Según el gobierno de Lorena Cuéllar, este protocolo “no solo busca salvaguardar la integridad física y emocional de los candidatos, sino también preservar la esencia misma de la democracia mexicana al garantizar un proceso electoral justo, equitativo y libre de coerción y así atender la urgencia y la importancia de establecer una ruta de atención a las solicitudes de seguridad para candidatos que sean presentadas ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, abordando las amenazas existentes, las implicaciones democráticas y la necesidad de proteger el derecho fundamental a participar en la vida política del país sin temor ni intimidación”.

El protocolo referido prevé hasta cuatro niveles de protección, de acuerdo con el nivel de riesgo en que puedan encontrarse las personas candidatas a algún cargo de elección local.

Del nivel uno destaca que se activará “cuando no hay denuncia previa en la PGJE y se implementan medidas básicas de seguridad preventiva. Por parte de la SSC, se hará un acercamiento personal y generará constante contacto por medios electrónicos o de mensajería instantánea, preferentemente Whatsapp, con la persona solicitante”.

El referido acuerdo surge después de considerar que “el 86% de los 105 asesinatos de políticos en los últimos cinco años fueron de personas que competían por cargos municipales, el 10% por cargos estatales y el 4% eran candidatos a diputaciones federales”.

El pasado 25 de marzo José Antonio Montiel Cruz, -en ese tiempo precandidato único a diputado local por el Distrito X por Movimiento Ciudadano (MC)-, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud para obtener seguridad personal.

Ese aspirante argumentó que hay “altos índices de inseguridad” en los municipios del distrito en el que aspira a contender en la zona oriente del estado, y noticias sobre “ataques directos a candidatos a algún cargo público”, razón por la cual solicitó protección ya sea con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o de la Guardia Nacional (GN).