Por Felipe Hernández Hernández

En el pasado mes de septiembre uno de los senadores del partido en el poder presentó una iniciativa a fin de que los expresidentes de México, inmediatamente que concluyan su mandato puedan ser senadores por un período de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas, por lo que podrían gozar del fuero constitucional, aunque no tendrían remuneración alguna, pero si tendrían derecho a voz.

Esta iniciativa, de ser aprobada, tiene como destinatario concreto al actual presidente de la república, a efecto de que una vez que concluya su período se incorpore de manera automática como senador, y recuerda a lo que disponía la constitución chilena de 1980 para proteger al dictador Augusto Pinochet.

De 1973 a 1990, Chile fue gobernado por una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte quien llegó al poder después de un golpe de estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente. Durante su período hubo una grave restricción a los derechos civiles y políticos, instauró un estado de sitio y el toque de queda, silenció a unos partidos políticos y a otros los declaró ilegales, estableció una censura a los medios de comunicación, ordenó la detención de los dirigentes políticos opositores y creó una policía secreta encargada de la represión política.

En este contexto, en 1980, Pinochet convocó a un plebiscito para que el 11 de septiembre de 1980 los chilenos votaran sobre la nueva constitución que ellos habían elaborado, misma que fue aprobada, sin que hubiese padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión.

En esa constitución, en su artículo 45, quedó asentado que, una vez que concluyeran su función de presidentes de la república, quienes hubieran desempeñado el cargo de presidentes durante seis años de forma continua, se integrarían al senado con todas las dietas, garantías y prestaciones.

Como ocurre en todos los gobiernos antidemocráticos, Pinochet se propuso controlar los diversos poderes públicos, el legislativo, el judicial, pero también silenciar, no solo descalificar, sino callar todas las voces disonantes que se oponían a su forma de gobierno, el cual se significó por una sistemática y constante violación de los derechos humanos, incluyendo a ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, diversas comisiones nacionales e internacionales, documentaron que a más de 40 mil personas se les violentaron sus derechos.

En una democracia, por lo contrario, se respetan los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos, se protege la libertad de expresión, a los periodistas y a los medios de comunicación, se privilegia la división de poderes a fin de que, de ningún modo, prevalezca un poder sobre los otros, se acepta la discusión y crítica al modelo político o económico vigente y se valora la diversidad de opiniones y de pensamiento.

Una intensa movilización de la sociedad civil chilena forzó a Pinochet para convocar a un nuevo plebiscito para el 5 de octubre de 1988 y decidir si continuaba en el gobierno; la BBC relata que Pinochet estuvo de acuerdo porque lo veía como una forma de validación de su gobierno, para extenderlo otros ocho años más.

En este plebiscito solo había dos opciones; el SI significaba la continuidad en el gobierno y el NO la alternativa para poner fin a la dictadura. Aun cuando ganó la opción NO y, el 11 de marzo de 1990, Pinochet dejó el cargo de presidente de Chile, siguió fungiendo como Jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998, por lo que mantuvo una inmunidad y poder derivados del control que tenía sobre las fuerzas armadas.

Cuando dejó el cargo de jefe de las fuerzas armadas, conforme a la constitución de 1980 que él había elaborado, fue designado senador vitalicio de este país, donde se mantuvo desde marzo de 1998 hasta julio de 2002.

La propuesta del senador del actual partido mayoritario, dado que contempla que un expresidente, en calidad de senador, no sería parte del quorum, ni se integrarían a alguna fracción parlamentaria, deja varias interrogantes: ¿Realmente esa figura fortalece la democracia nacional? ¿Es una propuesta que tiene el aval del propio presidente? O ¿Es una propuesta para congraciarse con el presidente y ser considerado para los nuevos cargos de elección popular?

Sea cualesquiera que fuese su motivación, esta iniciativa trastoca el espíritu de las democracias contemporáneas donde es el voto popular el que determina quienes pueden estar al frente de un cargo público y, de ser aprobada, convertiría en una reminiscencia de ilusos demócratas la sentencia constitucional: “la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo”.

En el 2005 fue derogada en Chile la figura de senador vitalicio o designado.

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