Por Felipe Hernández Hernández

La sociedad civil tiene una activa participación en la vida pública de las sociedades democráticas modernas, su presencia se considera necesaria a fin de evitar actos de autoritarismo y arbitrariedad por parte de los gobernantes, pero también para poner en la agenda del gobierno determinadas demandas sociales.

Por sociedad civil se entiende a los movimientos sociales que tienen identidad, autonomía y persiguen demandas específicas, tienen el propósito de que las autoridades los escuchen y atiendan sus peticiones. Su característica esencial es que son ciudadanos organizados que no pertenecen al gobierno y que ejercen su derecho a la libertad de asociación y manifestación de ideas.

En este sentido los movimientos sociales se organizan alrededor de temas concretos, por ejemplo, en defensa del medio ambiente, la igualdad de géneros, los derechos de las niñas y los niños, o bien para que se atiendan sus problemas de salud, empleo, educación, seguridad pública e impartición de justicia.

Ante la insatisfacción de las demandas que les dieron origen, muchos de estos movimientos sociales, se transformaron en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya trayectoria y aportación a la vida democrática del país les ha merecido un gran reconocimiento, entre ellos están la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Barzón Movimiento Jurídico Nacional, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez o el Centro Caritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias.

La existencia de casi 40 mil agrupaciones registradas a nivel nacional significa que la sociedad civil considera que hay un vacío de las autoridades para atender los problemas que les aquejan o bien que el gobierno actúa en sentido contrario a los derechos e intereses colectivos.

La sociedad civil se ha constituido en un punto de equilibrio en la vida pública ante la coacción, coerción o cooptación que pueden ser objeto los diversos actores sociales, los partidos políticos, los medios de comunicación, los lideres de opinión o las instituciones autónomas creadas para la salvaguarda de los derechos humanos.

El Diccionario de la Lengua Española señala que la coacción es la aplicación del uso de la fuerza o la violencia sobre alguien con el propósito de obligarlo para que diga o ejecute algo, mientras que la coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta hacia determinados fines; en tanto que la cooptación tiene un sentido más político y se refiere a la neutralización de los oponentes empleando los recursos del Estado, lo cual incluye la incorporación directa o indirecta al aparato de gobierno.

La cooptación política, dicen Esteban Valenzuela y Paolo Yevenes (2015), es el arma de los gobiernos presicráticos, es decir, de los gobiernos marcados por un presidencialismo y centralismo controlador que evita la autonomía y la autoridad de los otros poderes y el de la sociedad civil.

En la defensa de sus derechos pareciera que los ciudadanos organizados como sociedad civil representan al David de la historia bíblica, enfrentándose al Goliat que es el gobierno; los David-Ciudadanos no tienen más armas que su voz y su presencia para exigir al gobierno determinadas demandas, el Goliat-Gobierno, por su parte, en lugar de tender puentes para el análisis, la discusión y los acuerdos, los enfrenta con todo el aparato del Estado, sus instituciones, sus medios de comunicación, e incluso con las dependencias encargadas de la seguridad y la procuración de la justicia.

En cierto modo es natural que el gobierno busque la manera de mantener su punto de vista sobre sus acciones, lo lamentable es que cada vez sea más frecuente el uso de la fuerza pública para limitar, desacreditar, neutralizar y/o minimizar las expresiones que tienen un punto de vista diferente.

En nuestro estado últimamente se ha generalizado un clima de intranquilidad derivado de la nula o precaria atención de los problemas y demandas ciudadanas, de tal manera que, prácticamente cada semana, en la ciudad capital se observan diversos grupos de la sociedad civil para exigir la atención de los gobernantes.

La activa participación de la sociedad civil significa de manera llana que las autoridades no están cumpliendo debidamente con su trabajo o que, si lo hacen (pensando que lo hacen y bien), no lo están comunicando debidamente, de tal manera que la sociedad ésta solo ve caprichos, ocurrencias y autoritarismo, en lugar de respuestas serias a las necesidades colectivas.

El uso de la fuerza pública significa la derrota de la política como fin y medio para resolver los problemas sociales y alcanzar mejores condiciones de vida.

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