Por José Luis Ahuactzin

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local Ana Bertha Mastranzo Corona, presentó una iniciativa de reforma Constitucional como a la Ley en la materia, que elimine el monopolio y reste control del organismo en la figura del presidente, por lo que planteó que el Consejo Consultivo sea el contrapeso a las determinaciones exclusivas que actualmente tiene el titular del organismo autónomo.

En la sesión ordinaria de este jueves, la diputada de Morena explicó que se trata de 14 cambios de fondo al interior de la CEDH, entre los que destacan el limitar los nombramientos laborales a la presidencia, delimitar a la presidencia, con un término para la presentación de su informe anual de actividades y la solicitud de intervención del Congreso del Estado, señalar a la presidencia, sobre las instancias y términos en los que debe presentar sus informes de actividades operativas y financiera.

Además de ello, se busca especificar el contenido mínimo que deberá tener los informes de actividades de la presidencia, incluir la aprobación por el Consejo Consultivo para la remisión del presupuesto anual de egresos y ser acompañado del plan de trabajo correspondiente.    

A la par, también buscan facultar al consejo consultivo para aprobar el ejercicio del gasto público contenido en el informe anual de actividades de la presidencia, el proyecto del presupuesto anual de egresos y su respectivo plan de trabajo, abrir la reelección al cargo para todos los integrantes del consejo consultivo, previa evaluación, así como de generar una integración con paridad de género, 2 consejeras y 2 consejeros.

Esta propuesta fue presentada derivado de un diagnóstico a la legislación que norma a la CEDH que encabeza Víctor Manuel Cid del Prado Pineda,  del que resultó que `se encuentra rebasada en los mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público respecto de la falta de planeación en metas y acciones; 2, carece de informes de resultados medibles por métodos e indicadores que deben generarse en la aplicación de los recursos públicos; y, 3, centraliza en una sola persona la toma de decisiones fundamentales para el buen funcionamiento de éste organismo público autónomo.  

Además se propuso actualizar la legislación con la incorporación del artículo 5 BIS, con por lo menos 11 principios más, que son ‘El principio Pro Persona, Pro Débil, Equidad y No Discriminación, Inmediatez, Integración y Transversalidad, Acción Afirmativa, Perspectiva de Género, Transparencia, Rendición de Cuentas, Debido Proceso, de Contradicción y en general, todos los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos…’.

Aunque la propuesta no fue aprobada, esta iniciativa fue turnada al expediente parlamentario que existe en el Congreso local para su análisis y dictamen correspondiente.