Por Edgardo Cabrera

Mientras los consejeros del ITE tratan de quedar bien con dios y con el diablo, pierden de vista que ya están en la mira del INE.

Al Instituto Nacional Electoral han llegado quejas en su contra por su negativa -primero- a resolver la denuncia por violencia política en razón de género promovida por diputadas y, luego, por chicanear el asunto. Este caso no es menor, hablamos que trataron de evadir el tema del género, por lo que Tlaxcala podría sentar precedente al contar con un organismo discriminatorio.

Recordemos que en 2016 el INE removió a todos los consejeros electorales de Chiapas. En ese estado, los mañosos fueron sancionados por el TEPJF al no salvaguardar el criterio de paridad de género en el registro de candidaturas y por irregularidades graves en la integración del listado nominal de quienes participaron en el proceso para la elección del llamado diputado migrante en la entidad.

Ahora, sabemos, activistas y organizaciones, así como legisladores federales, enfocarán sus baterías en el INE donde exigirán revisar con lupa la actuación del ITE.

OPACOS Y MAÑOSOS 

Evidentemente el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones empezó con el pie izquierdo la ruta a los comicios del 2021, se les hizo bolas el engrudo con la denuncia por violencia política en razón de género que promovió Irma Garay Loreno y otros nueve de sus homólogos, en contra del G13 donde se encuentran Mayra Vázquez, Ramiro Vivanco, entre otros.

Primero se negaron a darle trámite al procedimiento sancionador, mañosos, los del ITE dijeron que en el marco legal del estado no existe dicha figura, de ahí que desecharon la demanda.

Luego, le entró al pleito la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien le enmendó la plana al organismo local y de pasó les dieron cátedra en materia de derecho al ordenarles abrir el procedimiento correspondiente, basados en la legislación federal.

Ya con el regaño a cuestas, de mala gana, la Comisión de Quejas y Denuncias abrió el expediente en el lapso de 48 horas que le instruyó la Sala Regional y emitieron una resolución, aunque chicaneando el asunto y, por cierto, metiendo en la parte quejosa a diputados que no firmaron esa queja, entre ellos a Rafael Ortega, es decir, de entrada están mintiendo.

TRETAS

En una más de sus tretas, el martes los consejeros Juan Carlos Minor, Denisse Hernández y Edgar Alfonso Aldave, ocultaron a la opinión pública el sentido de su resolución, emitieron una “tarjeta informativa” donde alegan la protección de los datos personales, pasándose por el arco del triunfo el principio de la máxima publicidad.

Luego, gracias a la filtración del acuerdo, conocimos que los señores apelaron a la pandemia por la Covid-19, de ahí que, si bien admiten a trámite la queja, reservan el emplazamiento de las partes para sus alegatos y presentación de pruebas, algo que la Sala Regional ordenó para resolver el asunto, ya que los consejeros locales argumentan la ausencia de personal y el riesgo a su salud… mañosos, sin duda.

Por si fuera poco, niegan la medida cautelar solicitada por los quejosos que consistía en restituir a la parte afectada en los puestos que ocupaban antes de que fueran removidos, entre ellos la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política.  

Evidentemente estamos ante un instituto tibio, que más que velar por el cumplimiento de la ley y los derechos de las partes, pretende quedar bien con dios y con el diablo, primero tratándose de lavar las manos, y ahora, complaciendo al grupo mayoritario de legisladores.

El temor, no es para menos, los consejeros temen a una revancha en su presupuesto para el 2021 (el cual siempre es ambicioso), pero también en su cuenta pública correspondiente al 2019. Sin embargo, si estuvieran haciendo bien las cosas no habría porqué temer.