Por José Luis Ahuactzin

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) a raíz de una resolución por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), deberá crear una lista estatal de personas que cometan violencia política en razón de género y será pública.

La idea es que al participar a cargos de elección popular, los votantes conozcan los nombres de las personas sancionadas por violencia política en razón de género, y se tenga idea por quién se va a emitir el voto electoral.

Además, al solicitar su registro como candidato se pueda revisar si cumple con los requisitos de elegibilidad al estar sentenciados por violencia.

Incluso, esta sentencia emitida dentro de los expedientes SUP-REC-91/2020 y SUP-REC-96/2020, detallan que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género para tomarla en cuenta en las próximas elecciones.

Y de ella, se ordenó que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), entre ellos el de Tlaxcala, a que se cree una lista local y se comparta con la lista nacional del INE.

La idea es que «se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar al analizar solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular…».

Es de mencionar que la sentencia fue emitida de forma primigenia en la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, que resolvió un caso de violencia política cometida por el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Dante Montaño Montero, contra una regidora del mismo ayuntamiento, al ser recurrida ante la Sala Superior la confirmó y entonces emitió está orden al INE.

Por cierto, en torno al pleito que mantienen 10 diputados locales en contra de 15 de sus pares, el lunes recurrieron ante la Sala Electoral Ciudad de México del Tribunal Electoral del Porder Judicial de la Federación para impugar el auto por el que se desechó en días pasados el recurso con el que acusan violencia política en razón de género tras la remoción de Irma Garay de la Junta de Coordinación y Concertación Política, así como de otras mujeres de comisiones legislativas.