Por Edgardo Cabrera

Cierra la semana y las denuncias en contra de Lorena Cuéllar no paran en la delegación del Bienestar, el caso de Tirzo Espejel vino a destapar la cloaca de esa oficina que parece servir solamente a los intereses de la aspirante a la gubernatura, y a los trastornos mentales de sus secuaces.

Para empezar, una grabación evidenció los “moditos” utilizados por la “licenciada” en contra de aquellos empleados que cayeron de su gracia, o que -según los denunciantes- no le sirven para la promoción de sus aspiraciones.

En el caso de Ana María García, claramente se escuchan las amenazas y queda en evidencia la fabricación espontánea de actas administrativas para tratar de justificar su despido; a ella se le acusó de supuestamente no respetar jerarquías y de incumplir con la organización de esos actos masivos que le gustan a la señora para entregar apoyos sociales, mismos que se mueven o cancelan según su agenda personal. 

MORDAZA A CONVENIENCIA

En otro caso salió a relucir la coerción a la libertad de expresión de una sierva de la nación, se trata de Montserrat Espejel que fue corrida de la delegación por hacer un comentario personal en la red social Facebook, por dicha opinión, le dijeron, dañó la imagen de la “4T” y del presidente, por tanto, fue obligada a firmar su renuncia “voluntaria”. 

Contradictoriamente, pareciera que algunos funcionarios de la misma dependencia en el estado son alentados para utilizar sus cuentas personales en redes sociales, o crear perfiles falsos, para agredir, insultar, calumniar e incluso amenazar a los críticos de la súper delegada o la 4T. 

En este tenor recordamos el caso del titular del programa de becas “Benito Juárez”, Homero Meneses, quien protagonizó, meses atrás, acaloradas discusiones con el periodista Alex Gómez por Facebook y Twitter, ahí no hubo sanción, como le ocurrió a la joven Montserrat.      

Y el más reciente caso, se trata de una empleada federal de Texoloc a la cual le quitaron su fuente laboral a finales de abril, apenas unos días después de que el presidente López Obrador exigió como prioridad preservar y proteger los empleos, pero también, a escasos días de sufrir un accidente laboral que la mantiene en delicada condición de salud.

Se trata de Celine Aparicio quien no accedió a proporcionar el padrón del Bienestar a la presidenta de comunidad de la Trinidad Chimalpa, del municipio de Tlaxcala, quien le exigió entregarle esa información.

Por su negativa, en la delegación del Bienestar le llamaron la atención y se le intimidó -también- para que firmara su renuncia voluntaria, sin embargo, se negó a hacerlo y ya se alista para emprender una batalla legal al considerar injusto su cese.

De su caso, salió a relucir también que los servidores que han sido despedidos entre finales del año pasado y el primer cuatrimestre de este 2020, todos con trayectoria dentro de Morena, fueron sustituidos por personas afines a Cuéllar, identificados como operadores políticos con pasado priísta, perredista y panista, además de que también les han dado sus lugares a varios aspirantes a ser candidatos en el 2021, lo que supondría el uso de los programas sociales con fines personales y clientelares.

Por cierto, nada nuevo, lo mismo hizo a su paso por el PRI y PRD.

Todos estos afectados se suman a Graciela González y Tirzo Espejel Cova, los primeros en vencer el miedo y sacar a la luz pública lo que ocurre en la delegación.

Pero la lista de inconformes sigue, así como de otras presuntas trasgresiones a la ley que desde el año 2019 fueron evidenciadas y denuncias por la senadora morenista Ana Lilia Rivera.