Por José Luis Ahuactzin

Los protagonistas de la cuarta transformación han perdido la brújula del desarrollo que, hasta grado tal, ni ellos han encontrado el rumbo y sólo se contradicen una y otra vez.

Esta semana que concluyó, reflejó en su totalidad que el hartazgo social no ha concluido sino solamente mutado a lo que no debería ser, pues los poderes públicos Judicial y el Legislativo y no se diga los organismos autónomos, mostraron el cobre, de lo que están hechos y de sus ambiciones económicas.

En el Congreso local, los diputados confirmaron que sí cobrarán los más de 105 mil pesos y su bolsa de gestión extraordinaria por 40 millones a repartirse, hará que cada uno de los 25 diputados se reparten el dinero público como si fuera un botín.

Por si fuera poco, dejaron ver que lo de ellos no es la política, simplemente porque son unos desconocidos en sus distritos electorales, y son ciudadanos comunes y corrientes que están fallando a la sociedad que los eligió.

El edificio del Congreso lo han convertido en una enorme oficina de trámites de lo que era la extinta SEDESOL, porque regalaron calentadores solares, computadoras y hasta obra pública.

En el Judicial, ya vimos que las nuevas contrataciones de funcionarios fue por un encargo del Presidente, cuyo fin es el amiguismo, el compadrazgo, con el fin de que el presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, trabaje para la reelección en el puesto que será en el 2020.

Si bien fue electo desde el 2016 y por un período de seis años, la urgencia es que ya se le está cumpliendo la primera mitad de su gestión, de los que pretende permanecer por 4 años en la presidencia.

El fin justifica los medios, y recordemos que los nuevos funcionarios nombrados Lilian Rivera Nava e Ignacio Ramírez Sánchez están ligados al marianismo, avalado por el Consejo de la Judicatura, también ligados también al mismo grupo político, entre ellos la ex diputada Mildred Murbartian.

Pero la casta de favores no sólo para ahí, la hija de la entonces presidenta del TSJE, Yolanda Camarillo, Verónica Rodríguez Camarillo, es la secretaria privada de la presidencia; por lo que el Poder Judicial se convirtió en la agencia de colocación de empleados afines a los intereses de políticos.