Pidieron este miércoles la intervención del Gobierno del Estado para acceder a ese derecho que les ha sido negado.

Por Alfredo González

Presidentes de comunidad de 13 localidades del municipio de Santa Ana Chiautempan, la mañana de este miércoles 11 de octubre acudieron a palacio de gobierno a solicitar la intervención del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez y de la Secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela para que hagan un llamado al presidente municipal, Héctor Domínguez Rugerio, y les sea liberado lo correspondiente al recurso financiero de gasto corriente de este mes.

Uno de los inconformes Roberto Víctor Meléndez Ayapantecatl indicó que en esta situación se encuentran los presidentes de trece comunidades, entre las que se encuentran Tétela, Reforma, Tepetlapa, Xaxala, Cuahuixmatlac, Tlalcuapan, Tepatlaxco y Colonia Industrial, por citar algunas.

Las actividades diarias se ven afectadas al no contar los presidentes con el recurso económico que mes con mes tienen derecho en las localidades a recibir de la presidencia municipal, en lo que respecta a Tlalcuapan el recurso económico que reciben es de 32 mil pesos y otras comunidades de 30 mil.

Afirmó que el argumento que les dan es porque supuestamente pagaron el ISR del presidente pasado y por eso no hay dinero.

“No nos podemos mover si no tenemos lana, con que se mueve uno. Que cumpla con lo que por ley nos corresponde y ya. Ayer los compañeros quisieron verlo, pero dijo, al rato, y se fue y no regreso. Hoy estuvimos allá a las 10 pero no está, nos dicen que a la una, por eso decidimos venir acá para ver que hacemos, somos trece comunidades porque hay algunos que están con él y a la mejor y ya hasta les liberó, no sabemos, pero a nosotros nada hasta ahorita”.

Meléndez Ayapantecatl aseveró que en un medio periodístico salió una nota informativa en el sentido de que el pasado viernes ya había sido liberado en este sentido desmintió y dijo que no fue así, por ello es que este día decidieron pedir la intervención de la autoridad estatal.

El 3 de octubre los denunciantes entregaron al Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo un documento en el cual también aparece el sello de recibido de los regidores y de la presidencia municipal, donde piden su intervención para que edil respete la ley municipal y las convocatorias a sesiones de cabildo y sean de por lo menos 48 horas antes y con el anexo de la orden del día de los asuntos a tratar.