Por Esteban García

Un ambiente de fiesta y tranquilidad se vivió durante los festejos para conmemorar el 207 Aniversario de la Independencia de México.

La ceremonia de El Grito en la capital congregó a miles de familias, quienes abarrotaron la Plaza de la Constitución, y tras la ceremonia cívica, disfrutaron del espectáculo de fuegos pirotécnicos, la verbena popular, y el baile con los grupos “Rayito Colombiano” y “Sonora Dinamita”.

En el resto del estado, privaron circunstancias similares.

El grupo de coordinación, integrado por dependencias estatales y federales, se mantuvo en sesión permanente para dar seguimiento a todas las actividades en los municipios; más de mil efectivos fueron distribuidos en la entidad con responsabilidades específicas para reforzar las medidas de seguridad, y prevenir cualquier tipo de situación de riesgo.

El saldo blanco en esta festividad es resultado de la acción coordinada de las autoridades, pero también de los ciudadanos que, en un marco de respeto, convivió y disfrutó de esta fecha de profundo significado nacional.

Prejuicios

El caso de la desaparición de la joven Mara Castilla deja importantes lecciones que, en primer lugar, deberían aprender las propias autoridades.

A pesar de la expectación que generan sucesos como este en la población, las figuras públicas deberían abstenerse de hacer declaraciones cuando las investigaciones están en curso, precisamente, para no desinformar y generar ideas equivocadas.

Las autoridades de Puebla no tenían necesidad de ventilar que la estudiante de la UPAEP estaba en Tlaxcala, o mencionar que había una línea de investigación por trata de personas, mucho menos anticipar la posibilidad de encontrarla con vida, cuando no tenían elementos concretos para establecer tales conjeturas.

El manejo irresponsable de esta información solo generó un raudal de especulaciones que, además de revictimizar a Mara, afectó la imagen de la entidad, porque pocos se dieron a la tarea de aclarar que el chofer de Cabify, si bien tenía domicilio en Tlaxcala, era de Nayarit; también avivó el estigma de la trata que pesa sobre la entidad, cuando en realidad se trató de un homicidio que, por cierto, se cometió en un motel de la ciudad de Puebla.

Incluso el cadáver de la joven fue hallado en una barranca de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec.

Los hechos acontecieron en Puebla, no en Tlaxcala; y sin embargo, la entidad tlaxcalteca, que colaboró en las investigaciones, tiene que cargar con prejuicios injustamente.

Trata, dificultad del país

El pasado viernes por la mañana, el Gobernador Marco Mena, en entrevista con Oscar Mario Beteta, en Radio Fórmula, habló sobre la colaboración que hubo con el Gobierno de Puebla para dar con el paradero de la menor Mara Castilla, misma que contribuyó a la detención del chofer de Cabify, Alexis N., y su unidad.

Sobre la línea de investigación que sugería un caso de trata de personas, el mandatario tlaxcalteca fue enfático al señalar que este fenómeno es una dificultad del país, y no es exclusiva del estado.

Expresó que su gobierno hace lo que le corresponde, no solo en materia preventiva, sino combatiendo la impunidad en este ilícito.

Estimó que ambas vías –prevención y aplicación de la ley- deben ser la manera como se atienda este fenómeno en todo el país.

Por ello, consideró que es incorrecto decir que en Tlaxcala hay una cultura o tradición en materia de trata de personas, cuando en todo caso se hace alusión a un solo municipio –Tenancingo- en reportajes que han visibilizado el problema, y porque en los hechos el fenómeno se focaliza en la región sur del estado, y la zona de Puebla que colinda con ella, y no en toda la entidad tlaxcalteca.

Reconoció que la trata de personas no se denunció por años, no solo en Tlaxcala, sino en México, y cuestionó que se trate de imponer este ilícito como un sello de la entidad, cuando los números en empleo, seguridad y desigualdad advierten que está avanzando y creciendo, y hay otras entidades que tienen esta problemática, incluso en mayor magnitud.

Bandera política

En últimas fechas, salieron a escena algunos fans de la transparencia.

Su agrupación anti-corrupción presume una investigación de 10 meses que, hasta el momento, no aporta pruebas claras sobre un presunto fraude en la compra de equipos digitales.

La situación mueve a preguntar qué intereses hay detrás, si en ese presunto afán de justicia no se esconde la búsqueda de una revancha política.

Si los “investigadores” cuentan con elemento de prueba, ¿por qué no denuncian?, ¿por qué no utilizan los canales institucionales en vez de recurrir a los medios?

Qué bueno que demanden legalidad, pero sería mejor que, primero, dejaran de fotografiarse con aspirantes a candidatos, y si se dicen imparciales, que dejaran de hacer de la transparencia una bandera política.