Por Gerardo E. Orta Aguilar

Industriales de la masa y la tortilla en Tlaxcala denunciaron actos de acoso y persecución por parte de la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a las visitas de inspección en donde se advierten multas millonarias y hasta penas de cárcel.

Los operativos que ha implementado la Profeco en la entidad por el incremento al precio del kilo de tortilla ha provocado que se hayan revisado 65 tortillerías, de las cuales en aproximadamente 20 se han emitido sellos de suspensión que, sin embargo, les permite continuar las ventas.

Los sellos de clausura implica que los tortilleros tengan que solventar las observaciones emitidas por Profeco en un periodo de 48 horas, ser acreedores a multas desde los 25 mil pesos, y 10 mil pesos más por cada día que pasen sin recurrir dichas la sanción, trámite que tiene que efectuarse forzosamente en la Ciudad de México.

Cruz Mora Avendaño, representante de la  Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla, hizo un llamado a instituciones del gobierno Federal y Estatal, para que a través de la Sefoa, Setyde, Sagarpa y Profeco, se puedan implementar esquemas de apoyo para el sector tortillero.

Tal como lo anunció la semana pasada, los representantes del sector han tenido que ajustar el precio de la tortilla hasta los 12 pesos, debido a que el incremento en insumos como las gasolinas, el gas, la luz y hasta del maíz, impactan directamente en su línea de producción.

Por ejemplo, detalló, la tonelada de maíz que hasta el año pasado se comercializaba en cuatro mil 400 pesos, a inicios del 2017 se comenzó a comprar en seis mil pesos.

Por su parte, Bertha Mora Avendaño, Secretaria de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla, anotó que el ajuste al alza en el precio de la tortilla no es un “capricho” por parte de los representantes del sector.

De hecho, no descartó que el precio del kilo de tortilla vaya a incrementar en los próximos meses, debido a que se esperan mayores incrementos en los insumos de la industria de la tortilla a partir de febrero.

Ambos representantes solicitaron a la delegación local de la Profeco, evitar los actos de persecución y hostigamiento en contra del sector, ya que las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en caso de incumplir con algún requisito establecido en las normas vigiladas por la Procuraduría, alcanzan hasta los tres millones de pesos y prisión.