Por Gerardo E. Orta Aguilar

Han pasado 14 meses desde la demolición del templo de El Santo Cristo en el municipio de San Pablo del Monte y a la fecha no se ha emitido un solo informe público respecto a la situación judicial que guardan las investigaciones de los hechos que atentaron contra el patrimonio histórico y cultural del Estado.

Fue en julio del 2015, cuando el barrio de El Cristo despertó sin la capilla construida en el siglo XVIII y que concentraba un importante acervo para la iglesia católica, el cual fue trasladado a un nuevo templo, adjunto al demolido.

La nota causó revuelo a nivel internacional, y a más de un año, ni la Procuraduría General de la República (PGR), la delegación local del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), o el municipio de San Pablo del Monte, han ofrecido información sobre el avance en las investigaciones.

No hay un solo detenido, no se saben cuántas carpetas de investigación se iniciaron o posibles sospechosos, pues el tema se ha manejado en absoluta secrecía.

La última declaración que se emitió al respecto fue la de la titular del INAH, María Teresa Franco, quien informó que estaba en proyecto la construcción de una nueva capilla en el terreno donde fue demolida la de El Santo Cristo.

De hecho, la misma instancia advirtió la posibilidad de cobrar un seguro por 13 millones de pesos para la construcción de una nueva sede religiosa e incluso, rescatando algunas piezas que fueron tiradas en escombro en una barranca de la región.

En los hechos, no se observan avances en la posible reconstrucción de la capilla, ni mucho menos el avance en las investigaciones de los probables responsables.