Por José Luis Ahuactzin

La auditora especial de cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Claudia Cordero Báez, encargada de los procedimientos resarcitorios para exigir que los presidentes municipales y funcionarios involucrados en el manejo de las finanzas, regresen el dinero que no pudieron comprobar durante el análisis de sus cuentas públicas, fue despedida.

La funcionaria estatal, fue cesada del cargo justo en el momento en que se desahogan 112 cuentas públicas municipales, incluso, en la mayoría de las cuentas públicas de Ayuntamientos que han sido aprobadas por el pleno del Congreso con “salvedades”, pues si bien no causaron daño patrimonial si incurrieron los alcaldes en manejo irregular de las finanzas.

Cordero Báez amagó con recurrir ante tribunales para lograr su reinstalación en el cargo derivado de que su despido o cese del cargo fue de manera ilegal.

Incluso, señaló que también ha previsto respaldarse, en las instituciones jurídicas, debido a que tras su despido no se le permitió entregar la documentación oficial, pero sobre todo de los procedimientos resarcitorios iniciados a los presidentes municipales.

La ex funcionaria dijo que no podía revelar ni nombre de Ayuntamientos, de presidentes municipales y número de procesos iniciados contra servidores públicos por una cuestión de información reservada.

Tras acudir a solicitar respuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, sobre un oficio en el que denunció su despido de manera irregular, explicó que ni los diputados ni la propia encargada del OFS, María Isabel Textle Maldonado, han ofrecido una explicación de su despido.

Lamentó que sin algún aviso oficial o documento, ni siquiera se le permita el acceso a las instalaciones por lo que agotará las instancias legales para hacer valer el Estado de Derecho.