Busca Adriana que Senado elija presidente de Comisión de Atención a Víctimas 
15 de octubre - 2014

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Propone un régimen para la remoción y destitución de comisionados

Tlaxcala| Redacción.- Con el objetivo de establecer mecanismos que permitan una mejor actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la senadora Adriana Dávila Fernández propuso que sea el Senado de la República la instancia que designe al Comisionado Presidente, tras un proceso de consulta y entrevistas que sirvan para definir al mejor perfil para ocupar el cargo, así como establecer un régimen para destitución o remoción de los comisionados, incluyendo a su titular.

“Para evitar disputas estériles, en detrimento de los objetivos de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, será la Cámara de Senadores la que nombre a la persona que considere tener el mejor perfil para representar y desempeñar las tareas propias e inherentes a las del Comisionado o Comisionada Presidenta, y bajo ese mismo tenor, en caso de renuncia al cargo, ésta tendrá que ser ratificada por la misma Cámara”, señaló al presentar la iniciativa en tribuna.

En el documento de la iniciativa se señala que el procedimiento para el nombramiento del Comisionado Presidente se desarrollará a través de las Comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara Alta; la elección deberá ser por las dos terceras partes del Pleno y ejercerá sus funciones durante dos años, y podrá ser reelecto para un periodo más.

Asimismo, “se facultará a la Presidencia de la Comisión a rendir cuentas cuando sea requerido a la Cámara de Diputados, sobre la operación y gasto del Fondo; y a la Cámara de Senadores sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva por esta ley general y el Sistema, en especial en lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas”, se indica.

La también Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas dijo que se plantea dotar de mayores atribuciones a la Presidencia de ese órgano, para que sea ésta la que proponga a los titulares del Fondo de Atención a Víctimas, de la Asesoría Jurídica Federal y del Registro Nacional de Víctimas, mientras que será el Pleno de la Comisión, quien ratifique tales nombramientos.

“Destaco que  con las propuestas de modificación se busca subsanar lagunas legales detectadas en las facultades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en particular, de su Presidencia durante el ejercicio administrativo de su encargo”, asentó.

Sobre la destitución o remoción de los Comisionados, Dávila Fernández recordó que la legislación actual no prevé procedimiento alguno sobre el caso y otras disposiciones legales son ambiguas al respecto, por ello se busca establecer un régimen de destitución y remoción, en el que será el Senado el encargado de substanciar alguna denuncia contra algún Comisionado que amerite su remoción, siempre respetando los derechos y garantías que establece la Constitución, como es el caso de las formalidades de ser escuchados, aportar pruebas y presentar sus alegatos, explicó.

“En un estado democrático que se precie de serlo, los servidores públicos, todos sin distinción alguna, deben estar sometidos a un régimen de rendición de cuentas, pero también de responsabilidades y sanciones”.

Dijo que con estas modificaciones se propone establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva, que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna, ya que ese órgano es el encargado de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Con lo anterior, dijo la senadora por Tlaxcala, se evitaría el desorden al interior de dicha dependencia y se dotaría de facultades a su Presidencia, para que pueda actuar y hacer más operativo a ese órgano del Estado, a fin de cumplir con sus responsabilidades de manera objetiva y profesional, así como proporcionar certeza a las víctimas.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es una vitrina política ni un escalón de ascenso con fines de lucro de ningún tipo. Es una responsabilidad de los comisionados, libremente aceptada, para dar seguimiento y supervisar la aplicación de los ordenamientos legales de la materia, lo que ayudará a aquellos que han sido lastimados, heridos o afectados”, señaló.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.