Senadora Adriana Dávila Fernández

La historia de horror y violencia que hoy padecen familias completas en distintas entidades de la República debe ser motivo de indignación nacional, protesta ante las omisiones de las autoridades y exigencia de todos los mexicanos para que el Estado garantice la seguridad. Debemos solidarizarnos.

¿Cómo se le explica a un padre o madre de familia que cuando su hijo menor regresaba del partido de fútbol, el autobús en el que viajaba fue interceptado por policías; para realizar un ajuste de cuentas? Simplemente no hay explicación.

Las condiciones de inseguridad que se padecen en zonas completas del territorio nacional, nos obligan a la reflexión sobre el desempeño de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, sus estrategias y en particular a preguntarnos si las acciones emprendidas para detectar y neutralizar hechos de violencia que afectan vidas humanas, han sido eficientes.

En lo que hacen y dejan de hacer las autoridades, hay irresponsabilidad y abuso en el desempeño de sus funciones. Prácticamente no se garantiza la seguridad de los ciudadanos debido a la violación de sus derechos humanos.

Desde el inicio de este sexenio, el Gobierno Federal ha presentado ante los medios de comunicación, la captura de destacados integrantes de la delincuencia organizada.  Sin embargo y a pesar de los esfuerzos para mantener un discurso que permita desviar la atención de los ciudadanos, es evidente que los hechos violentos en todo el país, presentes a diario,  superan esta narrativa.

Ayotzinapa, es referente obligado de la realidad violenta que azota al país. Crimen organizado por un lado; y abuso de fuerzas policiales por el otro.   Corrupción e impunidad, binomio que hace dudar de las instituciones y que altera el cotidiano colectivo.  A todas luces, la ceguera política que padecen, no les permite darse cuenta del terror constante por el que con el que viven  los ciudadanos.

Desde hace meses, los actos de violencia en Guerrero conocidos por la población y reportados por medios de comunicación locales y nacionales, ameritaban un seguimiento puntual.  No causa sorpresa que ante la carencia de acciones correctivas, el atropello a los derechos humanos se haya incrementado significativamente.  Lo que sorprende es la omisión de las tres esferas del poder público.

Esta situación nos demuestra una vez más, que la delincuencia organizada no se detiene para debilitar a la autoridad; pero también, que los servidores públicos no han atendido con puntualidad todos los elementos a su alcance para poner un alto a la violencia y esclarecer hechos delictivos.

En Guerrero, como en el resto del país, la combinación entre delincuencia y política no puede seguir.  Es urgente e impostergable revisar el papel de los partidos políticos en la selección de sus candidatos; no se puede gobernar a costa de lo que sea, pero menos pueden ignorarse las denuncias de la presencia del crimen organizado en los cargos públicos.

El grave problema de este país es la impunidad, que hoy se reflejó en Iguala. Lo sucedido nos llena de indignación y consternación, pero también de vergüenza.

Hace unos días, el Titular del Poder Ejecutivo demandó al Gobernador del Estado de Guerrero, asumir la responsabilidad del caso. Eso es precisamente lo que demandaron durante 12 años los gobiernos del PAN, pero en el periodo antes citado, la petición de no politizar y asumir responsabilidades para enfrentar los problemas, no fue escuchada. Es inevitable llamar a cuentas a los responsables estatales.

No hay que confundir el concepto de coordinación entre los distintos niveles de gobierno con el de complacencia y simulación. Muchos gobernadores y alcaldes, entre otros; no han asumido su responsabilidad en la materia, es más, la solapan.

¿Dónde quedaron los controles de confianza para las policías? ¿Dónde está la eficiencia de la gendarmería? ¿Cómo resolvemos las carencias en materia de seguridad en los municipios a pesar del enorme presupuesto asignado? ¿Cómo está funcionando el mando único?

El Gobierno Federal determinó una semana después de esos crímenes atroces, y casi año y medio posterior de conocer la filtración del crimen organizado en el gobierno municipal de Iguala, tomar las riendas de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos y hacerse cargo de la seguridad  de la ciudad.

Con discursos complacientes y halagos al Gobierno no se contribuye a fortalecer las instituciones procuradoras de justicia ni al combate eficiente del crimen organizado, insisto, la ceguera política nos puede generar más casos como el de Iguala.

Por eso, desde el Senado de la República exigimos al Estado mexicano realizar todas las acciones conducentes para localizar a los 43 normalistas desaparecidos; que las investigaciones se realicen con apego a la legalidad y profesionalismo, sin simulaciones, con celeridad y transparencia.