María Fernanda Domínguez Jiménez*

Es frecuente conocer, a través de diferentes medios de comunicación, opiniones tanto de víctimas como de autoridades y organizaciones civiles respecto de que la atención al delito de trata de personas debe ser una de las prioridades en la lucha contra la delincuencia organizada.

Para el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos, la trata de personas “es una violación a los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna. La complejidad del crimen de trata requiere una respuesta interdisciplinaria y coordinada que involucre a varios actores de la sociedad en países de origen, tránsito y destino”.

Y es que la sola existencia de leyes específicas para combatirlo, como la mexicana, o de tipificaciones en los diferentes ordenamientos penales de la región latinoamericana y el mundo, no constituye una garantía de que se castigue de forma oportuna (en caso de que así suceda) y con la rigidez necesaria a las personas que lo cometan.

La propia complejidad del delito de trata de personas, entre otros aspectos, radica en la gran variedad de conductas que lo constituyen. En este sentido, resulta oportuno citar como un antecedente importante la obra: La Legislación Penal Mexicana en materia de Trata de Personas y los Delitos Relacionados, publicada, entre otras organizaciones, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que señala los siguiente: “Matrimonios forzados, adopciones ilegales, niños en guerras, esclavitud en los trabajos, acceso carnal involuntario, turismo sexual, secuestro con fines de explotación en países ajenos, tráfico de órganos y tejidos humanos, trabajadoras en el servicio doméstico sometidas por los patrones, hijos forzados a trabajar por sus padres, adultos que obligan a la mendicidad a los niños; éstas son sólo algunas formas que adopta el delito de trata de personas, considerado mundialmente como una forma contemporánea de esclavitud, en la que se degrada al ser humano a la condición de mercancía que queda bajo el imperio de la oferta y la demanda dentro del mercado negro clandestino controlado por las mafias de tratantes”.

En este punto cabe preguntar: ¿tienen las distintas autoridades la capacidad técnica, operativa y los recursos humanos y tecnológicos suficientes para prevenir y detectar, de manera efectiva, todo este tipo de actividades?

En el Informe mundial sobre la trata de personas 2012, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se hace referencia a que: “En informes anteriores de la UNODC sobre la trata de personas se ha resaltado la falta de conocimientos sobre este complejo delito de alcance mundial y se han hecho llamamientos a los Estados miembros y a la comunidad internacional para que haga un mayor esfuerzo por lograr que se comprenda debidamente… Si bien, aún no se tiene una idea clara de la situación, pues la capacidad de detectar la trata de personas e informar sobre ella sigue variando enormemente de un país a otro, en los últimos años ha aumentado notablemente la información a que han podido acceder los investigadores”.

En el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo señala que “está consciente de que en México, cada año, miles de personas son víctimas de una nueva forma de esclavitud: la trata de personas, flagelo que además de presentar un desafío a los gobiernos, significa una gran amenaza a la convivencia armónica de los pueblos y constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos; por lo que es un problema de orden público mundial, por su vinculación a los flujos migratorios, a la situación de pobreza y a la actuación de la delincuencia organizada transnacional”.

Como se ha hecho mención en el presente artículo, la trata de personas representa una nueva forma de esclavitud que tiene que ser combatida de forma prioritaria por más compleja que la lucha contra ella resulte. Frantz Fanon, psiquiatra, filósofo y escritor francés decía: “Todas las formas de explotación son idénticas porque todas se aplican sobre el mismo objeto: el hombre”.

En tal virtud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reforzado la labor para el tratamiento a las víctimas de este problema social, atendiendo las quejas en contra de aquellos servidores públicos que vulneran a las víctimas de este delito a través de algún acto u omisión, o en los procedimientos de investigación que realizan.

*Defensora de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos