Coscorrón
22 de julio - 2014

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Mientras en el PAN la renovación de su dirigencia se ha convertido en una batalla encarnizada que ya incorporó hasta guerra de encuestas de la tendencia del voto de los poquito más de 3 mil militantes, en el PRD las lanzas de sus tribus comienzan a infringir daños en la disputa por el Comité Estatal, Santiago propinó las primeras heridas

Por Edgardo Cabrera

Desestimado por su juventud y novatez en el terreno de la grilla interna estatal, Santiago Sesín aprovechó para asestarles un cruel golpe a dos de los principales activos del Sol Azteca, pese a que una es senadora y el otro controla buena parte de la corriente Nueva Izquierda en Tlaxcala.

A la senadora Lorena Cuéllar le arrebató a su ex candidato a la alcaldía capitalina, Paco Hernández, y al ex dirigente estatal y ex diputado federal, Alejandro Martínez, le quitó al ex candidato a la presidencia de Huamantla, Alfonso Sánchez Manzanilla.

Para que calara y doliera más la herida, el viernes Santiago les pidió a sus nuevos aliados flanquearlo en el registro de la planilla de la denominada “red joven” que inscribió ante el INE a por lo menos 800 candidatos a consejeros municipales, estatales y nacionales.

Dicha acción causó molestia e incomodidad, especialmente a Martínez quien todavía no se reponía de la denuncia mediática que horas antes hizo el edil de Texoloc tras acusarlo de presuntamente estafar a medio centenar de personas al ofrecerles “paquetes” de vivienda a cambio de un pago de 8 mil pesos.

El ex legislador federal no daba crédito por su mal día, ahora “su” ex candidato a la alcaldía dándole la espalda y quitándole valiosos votos que necesitará a la hora de renovar la dirigencia estatal.

Presente en el INE, y como suele reaccionar, Martínez no se contuvo y encaró a Manzanilla, algunos esperaban hasta golpes.

Salieron a relucir los desaires recibidos y las mentiras que llevaron a la congeladora al neo perredista, pese a que quedó en segundo lugar en la lucha por la alcaldía de Huamantla. El ninguneo le costó muy caro, no hubo marcha atrás en la decisión de fortalecer a Santiago.

El adiós de Paco

Del lado de la senadora, la salida de Francisco Hernández confirmó el acelerado debilitamiento que tiene Lorena al interior de su partido en el plano estatal.

Su estrategia de apuntalar sus relaciones nacionales con Dolores Padierna y René Bejarano la han llevado a descuidar su relación con los perredistas tlaxcaltecas. Eso le pesará a la hora de competir por la gubernatura, no olvidemos el caso de Minerva Hernández.

Hacia la dirigencia

En tanto sigan desestimando el ímpetu y habilidad con la que se mueve al interior del PRD, Santiago y sus jóvenes (bueno varios ya no tan jóvenes) seguirán desplazando de la dirigencia estatal a personajes que se han enquistado haciendo de la presidencia su negocio.

Recordemos que su operación política lo colocó en el primer lugar de la lista pluri en el pasado proceso electoral desplazando a personajes como Salvador Méndez y Eréndira Jiménez.

Hablando de…

Por cierto que hablando de los mismos de siempre, Alberto Amaro fue presentado con “bombo y platillo” como miembro de la planilla de Nueva Izquierda.

Pena les debería de dar.

Recordemos que Amaro viene a menos, y lo peor, sus escándalos con la justicia (entre ellos una acusación por intento de homicidio en el estado de Puebla) empañan al partido.

El último señalamiento en su contra tiene que ver con un proceso abierto en el distrito judicial de Guridi y Alcocer por el cual se amparó ante los delitos del ámbito sexual que le imputan.

Pensar en colocarlo como consejero nacional manda un mensaje de impunidad.

NUEVA SANCIÓN 21 julio 2014

Con la intención de intentar librar una nueva sanción de la Contraloría del Ejecutivo estatal, Héctor Ortiz promovió un amparo ante la justicia federal, aunque de poco le servirá ante la acusación que enfrenta. Es cuestión de tiempo para que quede firme la inhabilitación de 10 años que le fue fijada en mayo pasado.

Desde el año 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que se violaron las garantías individuales de la parte acusadora al liberar anticipadamente a José Luis Sánchez Pérez, quien fue sentenciado a seis años y seis meses en prisión por haber cometido el delito de fraude.

En el año 2010, en pleno ocaso de su gobierno, Héctor ordenó el indulto pese a que el reo todavía no cumplía con las dos terceras partes de la sanción impuesta, es decir, cuatro años y seis meses, sólo había purgado una condena de poco más de un año en prisión.

Dicha decisión del entonces Ejecutivo estatal derivó el inicio de una queja ante la CEDH que le dio la razón a la parte acusadora dos años después.

Al analizar el caso, la Contraloría determinó que tanto Héctor Ortiz como quien fungió como director de penales, Jorge Mario Galán Díaz, violaron al artículo 59, fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos.

A Ortiz le fue fijada una inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la administración pública estatal por un periodo de 10 años, en tanto que a Galán Díaz por un periodo de tres años.

Dado que Héctor ya tenía en su expediente otros cinco años de sanción, al comprobarse nepotismo en su gobierno, en suma tiene acumulados 15.

Aunque en el caso del indulto del reo, la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abierto el expediente dado que existe una denuncia penal por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, falsedad de informes y delitos en otros ramos del poder público derivados de la recomendación 5/2012 por la queja CEDHT/6VG/16/2010.

Camino pedregoso 

La nueva inhabilitación en contra de quien por cierto es dirigente del Partido Alianza Ciudadana le complica el terreno en su intención de buscar la candidatura a la diputación federal por el segundo distrito.

Si bien Ortiz podrá argumentar, como lo hizo cuando fue nominado por el PAN al senado y tenía a cuestas la primera inhabilitación, que la sanción no aplica para cargos federales, las nuevas reformas en materia electoral abrirán un nuevo debate sobre candidatos que enfrentan castigos de tipo administrativo en sus estados, amén de las denuncias penales que tengan en proceso.

Lo anterior explicaría su decisión de ampararse en contra del gobierno estatal y su urgencia de litigar en busca de tirar la sanción.

Mototaxistas

En días pasados, el Gobierno del Estado, a través de la Segob, alcanzó un acuerdo con 40 dueños de mototaxis, originarios de Papalotla.

Este hecho es un precedente importante de la capacidad institucional para lograr acuerdos que garanticen el orden y la legalidad.

Y por otro lado se debe reconocer la voluntad de los propietarios para superar el conflicto, y hallar alternativas de solución a su propia situación de ingreso y estabilidad.

Claro que habrá quienes no estén conformes y persistan en trabajar al margen de la ley; sin embargo, los ciudadanos seguramente juzgarán que obedecen a otro tipo de intereses que, evidentemente, no son los de la sociedad.

En Tlaxcala, la legislación no prevé que este tipo de unidades preste el servicio de pasaje, y por eso se prohíbe su circulación.

A nivel nacional, son varias las entidades que enfrentan el problema de la circulación anómala de mototaxis, ya que operan sin contar con permisos, concesiones, ni seguro de viajero y, en muchos casos, ni siquiera placas de circulación o licencia de los conductores.

Además, no podemos olvidar que este tipo de transporte no está autorizado por los riesgos que implica para usuarios, peatones y automovilistas; y que, en varios lugares, opera con la protección de agrupaciones que persiguen intereses económicos y hasta políticos.

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