Urge regular instituciones de beneficencia y fundaciones

Tlaxcala| Gerardo Orta.- La senadora panista por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, reconoció la labor de la Procuraduría General de la República (PGR) en el rescate de 462 menores de edad de un albergue en el estado de Michoacán y consideró necesario realizar adecuaciones al marco jurídico que regula la actuación de asociaciones civiles, fundaciones y beneficencias, para evitar que incurran en actos ilegales, trata de personas y mala utilización de donaciones.

La también presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, señaló que en el país no puede existir la presencia de organizaciones que lucran con menores de edad, a quienes victimizan y explotan en diversos aspectos.

La legisladora federal lamentó que a través de la bondad se esté recurriendo a prácticas ilegales y vejaciones en contra de seres humanos, y particularmente de sectores vulnerables como menores de edad y mujeres.

Dávila Fernández señaló que, aunque no todas las asociaciones funcionan de la misma forma, el Senado de la República debe avanzar en los temas para regular la creación de instancias dedicadas al altruismo, pues actualmente no existen garantías de que operen en el marco legal correspondiente.

De acuerdo a información de medios nacionales, la Procuraduría General de la República (PGR) concretó un cateo e inició una investigación sobre un albergue en Zamora, Michoacán, en el que fueron rescatados 596 personas en condiciones lamentables, de las cuales, 462 eran menores de edad.

Las víctimas presuntamente eran objeto de abusos sexuales y sicológicos, eran maltratados, vivían entre plagas y se les alimentaba con comida en estado de descomposición.

“Hoy el congreso concretamente el Senado esta obligado a revisar las reglas de operación sobre las que tendrían que estar trabajando todos los grupos, asociaciones civiles, instituciones”, sostuvo.

Incluso, se pronunció a favor de transparentar los recursos públicos que reciben instituciones gubernamentales como los sistemas DIF tanto municipales como estatales, a razón de que no existe clara transparencia de lo que gasta en beneficio de los más desprotegidos.

“En la medida en que tengamos clara la coordinación, podremos saber de dónde son financiadas, cuánto dinero reciben, no podemos dejar en la oscuridad a grupos vulnerables”.