Tlaxcala| Gerardo Orta.- A semanas de que desaparecer el organismo, el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) aprobó el acuerdo por el cual solicitará al Congreso del Estado la desincorporación de 36 vehículos para obtener recursos que le permitan dar cumplimiento a la orden judicial que ordenó el pago de un laudo laboral que ya alcanza los 2.3 millones de pesos.

En sesión del Consejo General, los representantes electorales acordaron enviar el acuerdo al Poder Legislativo, aunque de acuerdo al consejero Mario Cervantes Hernández, los recursos que se obtengan no podrían alcanzar para pagar ni la cuarta parte de dicho laudo.

Por ello, el mismo consejero advirtió que el resto de los recursos para el pago del laudo podrían derivar de un recorte en el salario de algunos trabajadores del órgano electoral, así como el de consejeros electorales.

Asimismo y dentro de las medidas para paliar la situación, Mario Cervantes advirtió que se analizarán los alcances legales que tendría un recorte a las prerrogativas de partidos políticos, para poder abonar a la fuerte suma económica que el Consejo del IET debe liberar para el pago de la demanda laboral.

En su oportunidad, la Presidenta del Consejo del IET, Eunice Orta Guillén, confirmó que la desincorporación de las 36 unidades vehiculares, permitirían al órgano electoral captar recursos que coadyuven al pago del laudo, aunque no serán suficientes para cubrir la totalidad del mismo.

Cabe señalar que hace unos días, tanto el Congreso del Estado como la Secretaría de Planeación y Finanzas, notificaron al IET la imposibilidad de liberar recursos extraordinarios para el pago del laudo millonario.

La obligación por pagar el laudo, proviene de un resolutivo judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Tlaxcala, quien ordenó dar cumplimiento a un laudo laboral dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente 483/2010.

Sin embargo, la orden judicial establecía que el hecho de no tener una partida presupuestal específica para el pago de laudos no era razón suficiente para no cumplir con la sentencia de amparo correspondiente y que por ello, se debían hacer los reajustes desde el Congreso del Estado, instancia que ha negado la ampliación presupuestal.