Por Edgardo Cabrera

En la incertidumbre se encuentran empleados de las dependencias federales ya que de manera extraoficial les han anticipado que serán despedidos al concluir junio.

Es el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Sagarpa, donde una treintena de trabajadores de confianza están preocupados y amagaron con incluso realizar protestas este viernes.

Pero no es el único sitio, en otras oficinas, como Profeco, otra treintena de trabajadores podrían dejar sin sustento económico a sus familias ante el proyecto de centralizar en Puebla la atención para Tlaxcala y con ello desaparecer la delegación.

En ambos casos hay trabajadores que tienen hasta 20 años de antigüedad, pero no existe la intención de liquidarlos conforme a los años laborados, situación que les preocupa aún más.

Para rematar, en lo altos mandos tampoco hay certeza y, por el contrario, las contradicciones y desinformaciones están a la orden del día.

En el ISSSTE, hasta antes de la salida de Perla López Loyo, los lorenistas se desvivían en hablar de la situación interna de la dependencia, lo mismo hacían públicos chismes que asuntos de verdadera preocupación (como el desabasto de medicamentos y de especialistas), sin embargo, a punto de cerrar junio, ni han colocado nuevo delegado ni las cosas han cambiado.

Y aunque la coordinadora de delegaciones, Lorena Cuéllar aseguró que a finales de este mes serían nombrados los nuevos delegados federales en las dependencias donde actualmente existen encargados, en los hechos no existe nada oficial.

Es más, hasta donde se sabe, los nuevos nombramientos que se harán no gozarán del título ni el pago que tenían los delegados federales de la anterior administración, de ahí que algunos prospectos duden en integrarse a tal responsabilidad.

En la mayoría de los casos quedarán al frente subdelegados (como ocurrió en el Sader con Leodegario Morales) y en pocos serán acomodados los recomendados de Cuéllar, de los senadores morenistas o de algún otro miembro destacado de la 4T, como Alfonso Sánchez Anaya quien ya coló a dos en la Procuraduría y la Reforma Agraria. 

CONFLICTO DE INTERES

Nos cuentan desde el Congreso del estado que la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública, Liliana Atonal Mendoza, podría estar incurriendo en conflicto de intereses al mantenerse al frente de dicho cuerpo colegiado.

Luego de que la semana pasada enviara al poder Legislativo un escrito mediante el cual denuncia presuntas anomalías financieras en dicho ente, de inmediato llegó información a algunos levantadedos en torno a que la quejosa colabora con la Unidad de Transparencia de la UAT, y realizaría actividades similares en el ITEA, de ahí que no sólo es necesario revisar lo que hace la presidenta del IAIP, Marlene Alonso, y los comisionados, sino también a los integrantes del Consejo Consultivo.

Y es que de acuerdo con la normatividad, si bien los consejeros consultivos tienen el carácter de honoríficos, no podrían emplearse en tareas referente a la transparencia en entes públicos toda vez que podrían caer en conflictos de intereses al actuar como juez y parte.

Pero lo que más llama la atención en todo este asunto es la indolencia de los legisladores para acabar con los problemas en el IAIP, concluir los procesos de juicios políticos tanto para la presidenta, como para los comisionados David Cabrera y Francisco Morones, así como otorgar certeza jurídica a la ciudadanía que recurre al instituto.

En los hechos el caso del instituto crece lentamente como bola de nieve, ahora ya no sólo la presidenta y los comisionados están en la mira, también los consejeros consultivos que, vale decir, son como un cero a la izquierda.