Veta Ejecutivo nueva iniciativa de Congreso por irregular y falta de sustento
24 de marzo - 2019

Por José Luis Ahuactzin

Por cuarta ocasión, el titular del poder ejecutivo en la entidad vetó la reforma a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, que pretendía prohibir en la entidad el uso de bolsas de plástico, popotes, y el unicel.

De acuerdo con las observaciones que remitió el Ejecutivo al poder Legislativo, esta iniciativa se encuentra endeble del análisis lógico jurídico con normas del orden federal, pues la prohibición de productos derivados de polietileno y poliestireno entraría en vigor al siguiente día de su publicación.

Inclusive, la iniciativa aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 12 del presente mes, podría recibir una serie de amparos constitucionales que buscarían echar abajo la reforma realizada, por lo que esta fue devuelta para su análisis y discusión exhaustiva en comisiones.

Sin embargo, durante la sesión legislativa de ese día 12, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Maribel León Cruz, ya había advertido de una serie de anomalías y contradicciones sobre la reforma, y que ésta debería entrar en vigor plenamente hasta el 2020 y no al día siguiente de su publicación, y debería ser de manera paulatina.

La primera iniciativa vetada por el ejecutivo fue el Presupuesto de Egresos 2019; la segunda iniciativa fue la Ley de Austeridad; la tercera fue por reformas en materia de Protección Civil; y la cuarta es la de Medio Ambiente sobre prohibición del popote, bolsas de plástico y el unicel.

La reforma aprobada contempla sanciones de los 5 a 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la suspensión parcial o temporal de establecimientos a reincidentes en más de dos ocasiones.

Además por la venta o entrega al consumidor de bolsas plásticas, popotes, utensilios elaborados a base de polietileno y contenedores de poliestireno para uso de envoltura, trasportación, carga o traslado de productos o alimentos en general.

Y solo otorgó un plazo de 365 días naturales posteriores a la entrada en vigor para la aplicación de las sanciones.

Por su parte, el área de comunicación social del Congreso local, emitió un comunicado en el que fija su posicionamiento sobre las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal, y admite que serán analizadas al interior de comisiones para su reenvío o no para la publicación en el Periódico Oficial.